MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy, mediante Real Decreto, el Plan Especial del Alto Guadiana, cuyo objetivo fundamental es lograr el buen estado, "cuantitativo y cualitativo" de las masas de agua subterráneas y superficiales, "contribuyendo a la mejora de los principales ecosistemas de la región". La inversión para este Plan asciende a 3.000 millones de euros y su objetivo es "corregir el déficit hídrico estructural existente garantizando la adecuada gestión y conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de la comarca".
Este Plan, de acuerdo con los principios del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, da respuesta a la disposición adicional cuarta de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que ordenó la formación de un Plan Especial del Alto Guadiana para mantener un uso sostenible de los acuíferos de la cuenca alta del Guadiana.
El Gobierno recalca que "contribuye a cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua, que señala que se ha de conseguir el buen estado de las masas de agua superficiales y subterráneas para el año 2015".
El ámbito territorial de aplicación corresponde a la cuenca del río Guadiana, aguas arriba de la desembocadura del río Jabalón, incluyendo su cuenca.
El Plan contempla la adquisición de derechos de agua para dedicarlos, prioritariamente, a la recuperación de niveles y así llegar al buen estado de las masas de agua en riesgo, al igual que para, en una parte, dedicarlos a fines de la planificación de desarrollo territorial (agricultura, etcétera). Esta decisión, junto con los programas del Plan, permitirá alcanzar un desarrollo sostenible en la zona, según el Ejecutivo.
Este Plan ha sido elaborado en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y consultado con diversas organizaciones y sectores sociales y económicos, como comunidades de usuarios, asociaciones y sindicatos agrarios, organizaciones de protección del medio ambiente, entidades locales, universidades, etcétera., y se ha sometido a evaluación ambiental estratégica.
NORMAS
Incluye la transformación de los derechos privados existentes en "derechos concesionales". Para ello, establece un procedimiento administrativo específico y se aclara el significado de la modificación de las condiciones de aprovechamiento en el uso de los pozos. Igualmente, se ofrecen líneas directrices sobre la política de adquisición de derechos de uso de agua.
Todo esto se produce de acuerdo con lo establecido en las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto-Ley de 15 de septiembre de 2006, que incorpora un conjunto de previsiones específicas, con ámbito territorial limitado al Alto Guadiana, y que introduce los instrumentos jurídicos necesarios para una mayor eficacia de la gestión de los derechos de uso de agua, manteniendo el carácter público de las aguas subterráneas.
Medio Ambiente asegura que refuerza la eficacia de los centros de intercambios de derecho de aguas, ampliando el ámbito de la reasignación de recursos, de forma que este instrumento sirva para dar respuesta a objetivos medioambientales o de interés de las Comunidades Autónomas.
Ese objetivo de propiciar la transformación de derechos privados en concesionales coincide "con lo que fue directriz de la Ley de Aguas de 1985, y que hoy cuenta con distintos elementos adicionales. Todo ello tiene su correspondiente reflejo en las Normas del Plan Especial".
Así, intenta unificar en la medida de lo posible el régimen jurídico de las aguas "en este espacio territorial tan sensible, lo que llevará consigo mayores posibilidades de intervención por parte de la Administración hidráulica y, al tiempo, una protección administrativa efectiva para todos los derechos transformados en concesionales".
PROGRAMAS
Dentro del Plan Especial del Alto Guadiana se incluyen otros Programas que han de coordinar lo establecido en el Programa AGUA para Castilla-La Mancha con nuevas actuaciones cuya ejecución corresponde al Ministerio de Medio Ambiente o a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Entre ellos se incluye el Programa Hidrológico, en el que se contienen detalladamente, entre otras, las medidas a las que se refieren las Normas del Plan Especial y que constituye el instrumento básico de actuación.
El Programa de Apoyo a las Comunidades de Usuarios y el Programa Ambiental, volcado, fundamentalmente, en la mejora de los espacios naturales y en la forestación de determinados suelos que en la actualidad se dedican al cultivo agrícola.
Además, contempla el Programa de Información y Sensibilización Ambiental y el Programa de Abastecimiento y Saneamiento, con el fin de "garantizar los usos prioritarios de abastecimiento de la zona y mejorar las condiciones de depuración, desarrollando lo contenido en el Programa AGUA y en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015".
Se prevé, igualmente, que se integrarán en el Plan Especial del Alto Guadiana, formando parte del mismo a todos los efectos, los programas sectoriales de modernización y desarrollo agrario y de desarrollo económico y social.
Deberán ser aprobados por el Consorcio para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana en el que hay una participación singular de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en atención al ámbito material y competencial en el que se proyectan las actuaciones que se recogerán en estos programas, los cuales serán dotados económicamente de forma específica.
Los programas sectoriales se caracterizan por su relación con distintos aspectos de la acción pública en el ámbito territorial del Alto Guadiana.
El pasado 23 de octubre se firmó un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para facilitar la ejecución de las actuaciones recogidas en el Plan y la coordinación de las medidas que se pondrán en marcha.
CONSORCIO PARA SU GESTIÓN
En este sentido, se constituirá el Consorcio para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana, un órgano paritario entre la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se encargará del impulso, coordinación y seguimiento de la ejecución de las medidas contenidas en el Plan.
Dentro del Consorcio se creará un Consejo Asesor en el que podrá incorporarse una representación de usuarios; de entidades locales; de las asociaciones y organizaciones agrarias, sindicales y ecologistas; de la Universidad de Castilla-La Mancha y de otras organizaciones y entidades semejantes.
