Consejo.- El Gobierno aprueba los programas y políticas que serán controlados en 2007 por la Agencia de Evaluación

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobó hoy los programas y políticas públicos que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en 2007.

Estos programas y políticas consisten en cuatro iniciativas incluidas en el Programa Nacional de Reformas de España: la racionalización del gasto farmacéutico, la efectividad de las políticas en materia de seguridad energética, los programas de fomento de las actividades de I+D+i y las líneas de financiación para el fomento de la actividad emprendedora.

Asimismo, habrá un programa de trámites administrativos para la creación de empresas. Se analizarán las trabas que puedan existir en la Administración General del Estado en comparación con los demás países de nuestro entorno y se incluirá también una primera aproximación a los trámites de otras Administraciones que podrán ser tratados en próximas evaluaciones.

Se pondrán en marcha también un registro nacional de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, enmarcado en un programa de medio plazo de valoración de las políticas públicas destinadas a hacer frente al cambio climático como resultado de la excesiva emisión de estos gases, como las políticas de asignación de derechos de emisión, o las energéticas y de transporte contempladas.

La cuarta iniciativa será el servicio de los museos de titularidad estatal, con la finalidad de determinar en qué medida este servicio se adapta a las expectativas y demandas de los ciudadanos y de favorecer la mejora del mismo. Dicha evaluación tiene como objetivo verificar los resultados de las mencionadas iniciativas políticas, "asegurando la transparencia en la gestión pública, la eficiencia en el uso de los recursos y la mejora continuada de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía".

La Agencia Estatal de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios comenzó su andadura el pasado 1 de enero, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos.