El Consell Valenciano exige al Gobierno 2.800 millones en 7 años para equiparar las inversiones al peso de la población

VALENCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo valenciano exigirá al Gobierno central que incremente los niveles de inversión pública en la Comunitat para ajustarlos al porcentaje de participación valenciana en la población española, del 10,8 por ciento, lo que supondría alrededor de 2.800 millones de euros más en los próximos siete años, según anunció hoy el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Economía, Gerardo Camps.

Camps, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación tras participar en una reunión del comité de campaña del PPCV, señaló que, pese a que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, "ha dado hasta hoy la callada por respuesta" a su petición de una reunión, quiere pensar que, al tratarse de una persona "educada", contestará a la misma y accederá a mantener un encuentro igual al que mantuvo ayer con el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells.

La Generalitat quiere trasladarle allí al vicepresidente económico una reivindicación que permita a la Comunitat recibir el "mismo trato" que ha otorgado a Cataluña, y solicitarle en este sentido que a las mismas líneas presupuestarias a las que aplicará el porcentaje del 18,8% que va a traer consigo el incremento inversor en Cataluña se aplique el 10,8%, que es el peso de la población valenciana en el conjunto estatal, para paliar la "discriminación" que sufren los valencianos. "Lo que es bueno para Cataluña y España, es también bueno para la Comunidad Valenciana", sentenció.

Además, avanzó que parlamentarios valencianos del PP en el Senado, el Congreso de los Diputados y las Corts Valencianes mantendrán una reunión al objeto de acordar las iniciativas parlamentarias necesarias para exigir "el trato que corresponde" a la Comunitat.

Camps señaló que la decisión de elevar las inversiones estatales en Cataluña -que vendrá seguida, en su opinión, previsiblemente de otro acuerdo similar para Andalucía- supone una "quiebra de nuestro modelo territorial" y consagra un "agravio para el conjunto del territorio español" que convierte además a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana "en ciudadanos de segunda" de una forma "absolutamente insolidaria" y "tremendamente injusta".

El vicepresidente del Consell señaló en este sentido que la Comunitat "se encuentra en el mismo supuesto de hecho o peor" que Cataluña o que Andalucía, y señaló que no es que ambas comunidades no merezcan ese nivel de inversión pública, dado que sus pretensiones son "absolutamente legítimas" y también es "justo" lo que van a recibir, sino que "quien es insolidario, injusto y trata desigualmente es el Gobierno socialista, que no aplica los mismos principios al resto de comunidades autónomas", defendió.

Gerardo Camps aportó datos oficiales sobre la inversión pública del Ministerio de Fomento durante el periodo 1991-2004 para sostener que el Gobierno estatal trató a la Comunitat Valenciana durante ese periodo como a las comunidades desarrolladas, pese ser Objetivo 1, ya que el nivel de inversión pública estatal soló superó la participación valenciana en el PIB nacional en tres ocasiones -ninguna en Cataluña y dos en Baleares, La Rioja y Madrid-, mientras que en comunidades con la misma consideración de Objetivo 1 como Andalucía y Asturias se hizo en las 14 anualidades y en Aragón y Extremadura, en 13.

INCREMENTO ANUAL

Por ello, indicó que si Solbes ha aceptado este argumento para acordar un incremento en las inversiones en Cataluña también debería atender las reivindicaciones que se le realizan desde la Comunitat, y que se basan en que la dotación inversora estatal sea acorde a su porcentaje de participación en la población española, lo que llevaría aparejado un incremento anual de las partidas para el territorio valenciano de entre 400 y 500 millones de euros.

Subrayó así que la Comunitat se halla en un supuesto "peor" que Andalucía, que también quiere hacer valer el criterio de población para solicitar el incremento en las inversiones acogiéndose a una disposición adicional de su Estatuto. A este respecto, citó también la misma estadística oficial de las inversiones de Fomento entre 1991 y 2004 para recordar que la Comunitat Valenciana sólo recibió en una anualidad inversiones estatales por encima del peso poblacional. Por ello, concluyó que la Comunitat Valenciana "tiene más razón que nadie para pedir ese nivel de inversión pública del Estado en infraestructuras".

REFORMA ESTATUTOS

Además, aseguró que si Solbes apela a que "lo que está haciendo es cumplir con la ley y aplicar lo que sólo dicen los estatutos catalán y andaluz, lo que está poniendo de manifiesto es que las comunidades autónomas lo que debemos a hacer es algo en lo que no creemos desde el Gobierno de la Generalitat valenciana y en lo que no creemos desde el PP: modificar nuestras normas legales para establecer en ellas cuál tiene que ser en ellas el nivel de inversión pública estatal", que tiene que venir determinado, opinó, por los Presupuestos Generales del Estado.

"Con actitudes como ésta lo que hace Solbes es llamar a una alocada carrera de las comunidades autónomas por reformar sus estatutos y poner en los mismos cuál tiene que ser el nivel de inversión pública estatal en ese territorio durante un determinado tiempo", añadió.