Corrochano envía al juez de Tándem los movimientos de su cuenta y una serie de documentos a una semana de su declaración

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El que fuera jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, ha remitido al juez que instruye la pieza separada número 9 de 'Tándem' los movimientos de su cuenta desde 2002 hasta 2019 y una serie de documentos relacionados con el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su grupo empresarial, CENYT, a quien la entidad habría encargado distintos proyectos.

En un escrito fechado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, Corrochano solicita que se una a la pieza el informe sobre la compatibilidad empresarial de Villarejo realizado por el inspector de la Policía José Ángel Fuentes Gago así como el documento de la Unidad de Asuntos Internos relativo a la situación administrativa del comisario jubilado en las diferentes relaciones y escalafones publicados.

Corrochano, que declarará ante el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea el próximo 21 de diciembre, también ha instado al magistrado a incorporar a la causa otro informe de Asuntos Internos sobre el contenido de la página web de CENYT y cuyo original está unido en el anexo documental del tomo 3 de la pieza principal.

Asimismo, el exjefe de Seguridad ha reiterado la práctica de una serie de diligencias que ya solicitó el pasado mes de octubre. Entre ellas, que se cite a declarar como testigos a Enrique Mogueras en representación de Simmons&Simmons y a Gabriel Fuentes como representante de In Situ Grupo Consultor.

De la misma forma, Corrochano requiere que se llame a sede judicial a los trabajadores de BBVA Beatriz Aguiriano, Clara Codesal, Itziar Ibañez Loipategui, José Maria Lazarrabal Zabala e Isabel López.

Además, insta al juez a que requiera a la entidad bancaria el informe del número de facturas financieras emitidas desde 2004 a 2017 por año y por departamentos, especificando el porcentaje que de las mismas corresponde al departamento de Seguridad en cada año, aportando además el listado de cuentas contables con detalle de su denominación y el listado de epígrafes con detalle de la denominación cada una de ellas así como la cuenta de pérdidas y ganancias de las plataformas GPS y ACOGE.

La presentación de este escrito llega una semana antes de que Corrochano, imputado en la causa, declare como investigado por los contratos del banco con CENYT para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

OBLIGADO "A TOMAR NOTA A MANO" CON UN "PERJUICIO PARA SU SALUD"

En otro orden de cosas, esta misma semana el exdirectivo de BBVA Antonio Béjar ha pedido al magistrado que acuerde la entrega de una copia de los correos y agendas aportados por el BBVA, para su examen fuera de la sede judicial. En un escrito fechado este miércoles, expone sus quejas sobre la forma en la que pudo acceder a sus archivos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, autorizó a Béjar a ver sus correos después de que, el pasado mes de febrero, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimase el recurso del exdirectivo corrigiendo la decisión del magistrado, que denegó su petición en origen.

Pero, una vez concedido el acceso, Béjar ha expresado sus discrepancias. "Dicho acceso se concedió sólo en la secretaría del juzgado, mediante la puesta a disposición del señor Béjar de la información digitalizada, con presencia constante de una funcionaria y sin posibilidad de copiar, pegar fotografiar o extraer a una carpeta diferente aquellos que estime que son de utilidad para su defensa", critica su letrado.

En este contexto, el escrito hace hincapié en que Béjar "se ve obligado a tomar nota a mano y a pasar largas horas en condiciones precarias con el consiguiente perjuicio para su salud". "Estas condiciones, junto con la forma y los defectos técnicos de los archivos digitalizados aportados, hace prácticamente imposible la labor de examen y deja prácticamente sin contenido el acceso dado", sostiene.

Pero, además, su defensa asegura que "el software facilitado por la Audiencia Nacional para la visualización de los correos no dispone de la correspondiente licencia de uso, lo que limita las funcionalidades de uso y, por tanto, la visualización y análisis de los correos". Asimismo, lamentan que la "presencia de un funcionario durante la lectura de los correos imposibilita la comunicación abogado-cliente con la necesaria confidencialidad".

"Examinar más de 110.000 archivos en sede judicial es prácticamente imposible, máxime si se tiene en cuenta que nuestro mandante no puede estar meses y meses yendo al juzgado a diario, pues tiene que trabajar", asegura, recalcando la necesidad de que se entregue una copia de sus archivos.

Todo ello, concluye, "con el fin de evitar la indefensión" de Béjar, solicitando que se permita su examen fuera de la sede judicial, "lo que redundará en la agilidad del procedimiento, en su celeridad y, sobre todo, preservará el derecho de defensa".

UNA BATERÍA DE DILIGENCIAS

En otro escrito firmado por Ángel Garay Echevarría, fechado este mismo lunes, se solicita la declaración de Francisco Marco "por su conocimiento de los hechos objeto de esta causa puesto de manifiesto en su libro 'La España Inventada'" y la de un periodista por el libro 'Manos Limpias, Manos Sucias' que, sostienen, fue publicado cinco meses antes de que se levantara el secreto de sumario de la pieza.

También requieren la declaración como investigado de Santiago Sánchez Aparicio como comisario general de la policía judicial en 2014 y 2015, por sus reuniones con Corrochano, Eduardo Ortega y el expresidente del BBVA Francisco González y "por la presunta recepción de la falsa denuncia anónima" contra Ausbanc "redactada por Ortega de manos de Corrochano el dos de febrero de 2015".

Por último, el letrado recuerda que siguen pendientes de resolución otra serie de declaraciones solicitadas en el mes de mayo, entre las que destaca la del exinspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Morocho.