Las Cortes instan a Exteriores a controlar las cuentas de embajadas y consulados con un nuevo sistema informático

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento instó hoy al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a reforzar el control de los gastos e ingresos de sus representaciones en el exterior, como embajadas y consulados, a través de un nuevo sistema informático.

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó por unanimidad una propuesta de resolución pactada por PSOE y PP. El texto recoge la redacción propuesta por los socialistas de instar a que el Ministerio adopte cuantas medidas sean oportunas para aplicar "todas las recomendaciones" hechas por el Tribunal en el informe de fiscalización de los Organos de la Administración del Estado en la Acción Exterior en Roma correspondiente a 2003.

Ese informe detectó numerosas deficiencias en la gestión de los presupuestos adjudicados a la representación del servicio exterior de España en Roma durante la última etapa del Gobierno de José María Aznar y aconsejaba a Exteriores, entre otras cosas, reforzar el control de los gastos e ingresos de las representaciones en el exterior con un nuevo sistema informático que permitiese representar fielmente las operaciones realizadas y verificar en tiempo real sus registros contables.

El senador socialista Luis Miguel Salvador indicó que el departamento que dirige Miguel Angel Moratinos sustituyó el antiguo programa informático de gestión por una nueva aplicación denominada 'Lince' que ya está disponible en todas las representaciones en el exterior y que responde de forma "adecuada" a las "necesidades contables".

Salvador, que reseñó que algunas de las irregularidades detectadas rayan "la frontera de lo penal", afirmó que la mayoría de estas deficiencias ya han sido "corregidas".

A la redacción socialista se le añadieron otras propuestas del PP que piden al Ministerio que emplee el nuevo sistema informático "de acuerdo con los principios contables consagrados" e incide en la "necesidad" de que las contrataciones de personal se hagan "con respeto a los principios de libre concurrencia y a la normativa fiscal y laboral" que le sea de aplicación.

CONTRATACIONES IRREGULARES EN ROMA.

Y es que el informe del Tribunal advirtió de que en una de las dos contrataciones temporales de personal laboral efectuadas en 2003 "no se daban las circunstancias extraordinarias necesarias para efectuar un contrato temporal, por lo que se debería haber procedido" a realizar un contrato fijo.

También acusó al Ministerio de haber incumplido la normativa laboral italiana al abonar al personal laboral de Roma una paga extraordinaria "en lugar de las dos establecidas en la normativa vigente desde el ejercicio 2000, lo que tuvo como consecuencia que los trabajadores presentaran numerosas demandas ante los tribunales".

La propuesta aprobada hoy también insta, a petición del PP, a los órganos competentes al "cumplimiento escrupuloso de la normativa aplicable, en especial en la adjudicación de las obras y los pagos realizados a terceros como consecuencia de estas adjudicaciones".

El Tribunal consideró improcedente que en 2003 se emprendiese un importante plan de obras en la Academia de España en Roma, en cuya ejecución se registraron "numerosas deficiencias e incumplimientos de la normativa". Denunció que la Academia realizara pagos, que en gran parte eran anticipos a contratistas de las obras, "sin contar con consignación adecuada para ello".

Por último, los 'populares' se refirieron a la polémica en torno a los alquileres de la Obra Pía Española en Roma, ente privado sin ánimo de lucro sometido a la tutela del Estado español.

El Tribunal concluyó que la Junta de Gobierno de este órgano, presidida por el embajador de España ante la Santa Sede, no efectuaba "de forma objetiva y transparente" la gestión de los alquileres de sus inmuebles, ya que no se habían acordado previamente los criterios a seguir para determinar el precio y seleccionar los inquilinos.

De ahí que el PP defienda que se dé "publicidad a los bienes propios que son objeto de alquileres para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades y acceso en condiciones de mercado a todos los posibles usuarios" ya que se trata de una "gestión de bienes públicos".

En este sentido, la propuesta aprobada hoy propone, a iniciativa del PP, "establecer un reglamento interno" que fije cómo se rentabilizarán dichos bienes "de acuerdo con los principios que deben regir inexcusablemente este tipo de proceso".

RECOMENDACIONES A LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL

La Comisión aprobó también por unanimidad sendas propuestas de PSOE y PP sobre el informe de fiscalización de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, correspondiente al ejercicio 2003.

Así, a propuesta de los socialistas, insta a que Exteriores aplique todas las recomendaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas mientras que a iniciativa de los 'populares' se urge a la Fundación a que establezca un reglamento interno que regule la gestión del inmovilizado y de tesorería.

La propuesta del PP, defendida por la diputada María Pía Sánchez, también insta a la Fundación a "implantar una aplicación informática" que estandarice qué procedimientos se seguirán en la gestión interna del inmovilizado y propone incorporar los sistemas de firmas electrónicas para asegurar las autorizaciones.

También aboga por un marco jurídico "suficientemente amplio" para regular el desarrollo económico del Master de Estudios Políticos Aplicados y pide que se fijen medidores o indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos.

Por último, pide a la Fundación que concrete en una relación de actividades la cuarta misión recogida en sus estatutos y que se refiere a la cooperación con el desarrollo y la gobernabilidad democrática de terceros países, la colaboración en la amortización legislativa hacia un espacio jurídico común y las políticas públicas al servicio del ciudadano y del interés general".