Costa dice que la Fiscalía "casualmente" se usa "junto antes de elecciones"

Actualizado: miércoles, 27 mayo 2009 18:55


CASTELLÓN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, aseguró hoy que no le cabe "la menor duda" de que el PSOE ha orquestado una campaña contra el PP, y señaló que es "destacable" que la Fiscalía, "que depende del Ministerio de Interior, casualmente, justo antes de las elecciones, es utilizada para hacer determinados anuncios y, en este caso, acusaciones con solicitud de penas, y siempre nos toca a los mismos".

Costa realizó estas declaraciones tras mantener una reunión con los coordinadores comarcales de la campaña electoral en Castellón y tras ser preguntado si considera que se ha orquestado una campaña contra el PP a través de la Fiscalía.

Según dijo, "mientras que otros han opinado durante estos años sobre los procesos judiciales, el PP ha mostrado el más absoluto respeto, pues lo que queremos es respeto al proceso judicial, para unos y para otros; presunción de inocencia, para unos y para otros; y colaboración con la Justicia, para unos y para otros", aunque aclaró que "si lo que me preguntan es si me parece una coincidencia que la Fiscalía siempre antes de un proceso electoral saque un anuncio en contra de un alto dirigente del PP, esto un acto empírico, pues ocurre desde que gobierna el PSOE que en las campañas electorales siempre estamos hablando de lo mismo y, además, saliendo del mismo sitio".

'CASO GÜRTEL'

Sobre las declaraciones realizadas ayer por altos funcionarios de la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que investiga parte del 'caso Gürtel', afirmó que es "un proceso que está bajo secreto de sumario y todo lo que tengo que decir al respecto ya lo he dicho en reiteradas ocasiones".

Preguntado por la querella interpuesta por el PSPV contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el resto de imputados en el caso, señaló que este partido "debería de estar menos en judicializar la vida política, pues yo no he escuchado a los socialistas en esta campaña electoral hacer propuestas, y creo que la primera propuesta que han hecho es presentar una querella criminal, que, desde luego, no es la mejor vía para llegar al diálogo y al consenso con el grupo parlamentario popular".

"Otros son los que dicen que a éste lo supendo de militancia pero a mí no", dijo en referencia al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, de quien dijo, está "siendo investigado por la Fiscalía y todavía no he visto que se haya autosuspendido de militancia" y el alcalde de Elche y númerodos de los socialistas valencianos, Alejadro Soler, "está imputado en un proceso" y continúa al frente de sus cargos.

Costa añadió que "nosotros no hemos pedido la dimisión del señor Soler porque esté imputado, sino porque él ha dicho que ha cogido dinerito de la caja del Ayuntamiento para pagarse su campaña como candidato del PSOE, y esto es muy grave". Al respecto, apuntó que "el proceso de Soler, de Alarte o de cualquier otro alcalde o dirigente del PSOE en cualquier tribunal lo respetamos, y además, les pedimos que hagan lo mismo que nosotros".

Por otra parte, Ricardo Costa manifestó el apoyo de la Dirección Regional del PP al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para el que Fiscalía Anticorrupción demanda dos años de prisión por un presunto delito de falsificación de documento público.

En este sentido apuntó que "he oido por parte de algún medio de comunicación que había poca manifestación por parte de la Direccion Regional en el apoyo al presidente provincial del PP en Castellón, por lo que quiero dejar claro que Fabra ha ganado todas las elecciones desde que es presidente provincial, es el presidente de la Diputación con mayor apoyo popular en la historia de la democracia de Castellón y, por lo tanto, tiene todo el apoyo de la Dirección Regional del partido", y añadió que el partido no ha pedido ninguna explicación ni a Fabra ni al vicepresidente de la Diputación, Vicent Aparici, para el que el fiscal también solicita 7 años de prisión por un supuesto delito relacionado con el medio ambiente.