Couso. - Pedraz contesta a la viuda del cámara que los bienes del Departamento de Defensa de EE.UU. son 'inembargables'

Actualizado 05/02/2007 19:05:49 CET

El magistrado pide a la policía averiguar la filicación de tres militares estadounidenses a través de Interpol

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la muerte en Irak del cámara de Telecinco de José Couso, dictó hoy un auto en el que declara que no procede acordar el embargo de determinados bienes en nuestro país del Departamento de Defensa de EE.UU. La medida había sido solicitada por la la viuda de Couso, con el fin de asegurar las responsabilidades civiles en las que pudieran incurrir tres militares estadounidenses a los que se responsabiliza de forma indiciaria de la muerte del español.

Pedraz pretende interrogar a estos militares -el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, quienes se encontraban en el tanque que disparó contra el Hotel Palestina de Bagdad- como responsables de la muerte del cámara de Tele 5 y del reportero de la Agencia Reuters Taras Protsyuk, ocurridas el 8 de abril de 2003 cuando ambos se encontraban en el citado edificio, que acogía a la prensa internacional que cubría la invasión de Irak.

En coincidencia con el criterio de a Fiscalía, el juez señala que los bienes del Departamento de Defensa norteamericano existentes en España son "inembargables" porque están indisolublemente unidos al desarrollo de la acción exterior de dicho país. En el caso de que pudieran embargarse, "las relaciones internacionales dejarían de existir, quedando al arbitrio de un determinado país el permitir o no la actividad del estado cuyos bienes se solicita se embarguen".

En su auto, el juez reproduce todos los argumentos de la Fiscalía para oponerse a esta medida, y recuerda que los bienes de misiones diplomáticas y consulares "son absolutamente inmunes a la ejecución" en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Agrega que dichos bienes están destinados al desenvolvimiento de actividades que gozan de inmunidad total, ya que de lo contrario "la actividad de un estado en este orden supondría interferencias en el ejercicio de la soberanía de otros estados, lo que se proscribe de manera total y absoluta por la carta fundacional de las Naciones Unidas".

Citan también el juez y el fiscal el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre España y EE.UU. de América, cuyo artículo 5 recuerda que el país norteamericano, como firmante de los convenios de Viena, "otorga protección e inviolabilidad a los bienes de las representaciones consulares y diplomáticas en su suelo y, por ende, a las suyas en el extranjero".

AVERIGUAR DATOS DE MILITARES.

Por otra parte, Pedraz ha ordenado a la Dirección General de la Policía y a la Guardia Civil que, a través e Interpol, realicen las gestiones necesarias para obtener la filiación completa de los tres militares estadounidenses citados. Los datos identificativos son imprescindibles para hacer efectivas las órdenes de detención, según la propia Interpol informó al magistrado.

La petición del juez se produce sin que la Embajada de EE.UU en España haya trasladado aún al Juzgado Central de Instrucción número 1 una respuesta oficial sobre las identificaciones de los militares, que le fueron solicitados el pasado 22 de enero. La nueva providencia dictada por el juez responde a que no se espera que la diplomacia norteamericana conteste de forma satisfactoria al requerimiento de la Audiencia Nacional, informaron fuentes jurídicas.

En concreto, Pedraz a la Embajada estadounidense en España todos dos los datos identificativos que pueda facilitar sobre los militares, despés de que Interpol le indicara que sin esta información no podía dar curso a las órdenes de detención dictadas. La semana pasada, fuentes de la embajada confirmaron al Juzgado que habían trasladado su petición a las autoridades pertinentes, y que aún no existe ninguna respuesta por parte del país norteamericano.

De momento, el juez no tiene previsto proponer la suspensión de los convenios de cooperación judicial suscritos entre EE.UU. y España, si bien existe la posibilidad de denunciar el incumplimiento de los mismos ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informaron las mismas fuentes.

Pedraz ya acordó en octubre de 2005 la detención de los tres militares imputados, medida que quedó en suspenso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivara la causa en marzo del año pasado al considerar los hechos como un "acto de guerra" ajeno a la jurisdicción española.

Posteriormente, el pasado 5 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó la decisión de la Sala de lo Penal y ordenó la reapertura de la investigación en la Audiencia Nacional, al considerar que esta instancia es competente para investigar los hechos. La decisión el alto tribunal respondía al recurso interpuesto por la madre del cámara, María Isabel Couso, y sus tres hermanos.

REUNIÓN CON EL MINISTRO.

Precisamente esta tarde, la familia Couso se reunirá con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, con la intención de "recabar del Gobierno el firme cumplimiento de los convenios bilaterales de cooperación judicial vigentes" entre España y Estados Unidos y la denuncia de los mismos si la administración norteamericana no cumple con los requerimientos realizados por el juez Pedraz.

En un comunicado remitido hoy, la familia del cámara anuncia que también preguntará al ministro sobre la actitud del Gobierno en el caso de que se inicien los trámites de extradición de los militares, y que le recordará que el fallo del Tribunal Supremo "ha dado un vuelco sustancial al caso", ya que ha reconocido la jurisdicción de los tribunales españoles para instruir el crimen de guerra.