Protesta por el "peligroso" mensaje de impunidad que envía al Gobierno contra agresiones a mujeres y al conjunto de empleados públicos
MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha trasladado al Gobierno su "más enérgica protesta" por el "escandaloso" indulto concedido al constructor Juan Manuel Chaves Daporta que fue condenado a cuatro años de cárcel por encerrar en su despacho, zarandear y amenazar a la arquitecta municipal de la Isla de Arosa (Pontevedra).
El sindicato, mayoritario en las Administraciones Públicas, ha calificado de "lamentable" la medida de gracia otorgada por el Gobierno porque supone un "paso atrás" en la lucha contra las agresiones a los empleados públicos, con el "agravante de que en este caso se produjo sobre una mujer".
Según CSI-F, las agresiones tienen una mayor incidencia entre las mujeres, con un 52% frente al 36,5% de los hombres porque son mayoría en plantilla y por su mayor vulnerabilidad. "Si ya de por sí a los empleados públicos les cuesta dar el paso de denunciar, con la dificultad añadida además de que se admita a trámite la denuncia y que posteriormente se sancione al responsable de la agresión por sentencia simple, resulta escandaloso que se produzca posteriormente el indulto", añade.
AGRESIONES DIARIAS EN LA ADMINISTRACIÓN
De este modo, CSI-F advierte de que esta medida envía un "peligroso" mensaje de impunidad a la sociedad frente a las agresiones a los funcionarios y calcula que, al menos, se produce una agresión diaria en las oficinas de las administraciones.
"Esta situación se debe en parte a la campaña de desprestigio que han sufrido los empleados públicos a lo largo de los últimos años en los que se les ha hecho en parte responsables de la crisis, por el supuesto exceso en las plantillas y poniendo en duda su profesionalidad", indica, para exigir al Ejecutivo la puesta en marcha de un protocolo sistematizado para reconocer a los empleados el estatus de autoridad pública y que su testimonio pueda ser usado como prueba.
Por último, CSI-F insta a promover una campaña nacional para dignificar la imagen y la labor del empleado público, el rechazo a la agresión y, en definitiva, impulsar una cultura de tolerancia cero hacia la violencia contra los trabajadores de la Administración Pública.
Según el real decreto publicado este martes en el Boletin Oficial del Estado (BOE), recogido por Europa Press, el Ejecutivo conmutó la pena de tres años de prisión por un delito de detención ilegal Juan Manuel Chaves por otra de un año de cárcel y dos años de multa con cuotas diarias de dos euros. Esta se suma al año de prisión por un delito de atentado y a la multa por una falta de lesiones que había sido impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra.
De esta forma, el acusado puede librarse de ingresar en prisión, al ser la condena inferior a dos años de cárcel. El Gobierno mantiene los demás pronunciamientos de la sentencia con la condición de que no vuelva a cometer un delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto.
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