Cuesta (PSOE) propone que el CGPJ cese automáticamente cuando se cumpla su mandato y no sea rehén de las asociaciones

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista y responsable del área de Justicia del PSOE, Alvaro Cuesta, propone que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cese de forma automática cuando acabe su mandato. También apuesta por crear un máster o enseñanza de postgrado en el sistema público universitario para preparar el acceso a la cerrara judicial y llevar a cabo una reforma procesal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para conseguir que el fiscal sea el auténtico instructor de las causas.

En una entrevista concedida a Europa Press, el dirigente socialista y cabeza de lista del PSOE por Asturias en las próximas elecciones generales, explicó algunas de las "ideas" en las que el PSOE ha "venido reflexionando" en los últimos meses. "Sin concretar, muchas de estas reflexiones las vamos a incluir en el programa electoral", precisó.

Cuesta considera que durante esta Legislatura que está terminando se ha hecho un "gran avance" en materia de Justicia, pero afirma que esta "aún" sigue siendo una de las "asignaturas pendientes" y cree necesario hacer una "reflexión profunda" sobre la Justicia, el funcionamiento del poder judicial y la necesidad de "agilizar aún más los procedimientos".

El dirigente socialista afirma que es necesario tener presente que la Justicia es un "servicio público" y el objetivo del PSOE es que este servicio "funcione". Esa, señaló, será "nuestra oferta electoral de futuro". Y para lograr que funcione, propone algunas "reformas legislativas", entre las que cita: la adaptación al Estado de las Autonomías, el reforzamiento y la nueva organización de los Tribunales Superiores de Justicia, el impulso de la Oficina Judicial y un mayor protagonismo de los secretarios judiciales.

De estos últimos, los secretarios judiciales, afirma que "tienen una gran potencia y un gran trabajo y a veces se están desaprovechando objetivamente sus posibilidades en el funcionamiento de la Justicia".

"REHÉN DE LAS ASOCIACIONES JUDICIALES"

En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, Alvaro Cuesta se mostró convencido de que hay que intentar que el CGPJ "no sea rehén de las asociaciones judiciales" ya que, según explicó, "el 50 por ciento no pertenece a asociación judicial alguna". Además, se mostró convencido de que "cuando un CGPJ acaba su mandato debe establecerse un mecanismo automático de cese". Al mismo tiempo, sostiene que "hay que mejorar su operatividad reforzando la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial".

Con relación a esta propuesta de cese automático del CGPJ argumenta que "no es normal que se prolongue en el tiempo una situación como la presente, de persistencia de un Consejo que fue elegido en unas circunstancias, con una composición de la Cámara, en virtud de unos acuerdos, que ha cumplido su mandato y que por el veto que establece un partido político está ahí sin saber a quien representa y cuál es su trabajo".

EL CGPJ NO DEBE OPINAR DE CUALQUIER HECHO POLÍTICO

Además, el dirigente socialista se mostró convencido de la necesidad de "intensificar" los mecanismos de "evaluación" de los candidatos al CGPJ por parte del Parlamento y también de "perfilar bien las competencias para que el CGPJ no sea un cajón de sastre, que asuma unas desmedidas relaciones internacionales que nadie sabe hacia dónde van". "No puede --exclamó-- ser un cajón de sastre que intervenga y opine sobre cualquier hecho político porque eso empaña la respetabilidad del CGPJ ante los propios jueces y magistrados que se sienten muchas veces ajenos a su dinámica y a su funcionamiento".

Alvaro Cuesta también apuesta por mantener la oposición para acceder a la Escuela Judicial, pero defiende que se garantice un sistema público de acceso, es decir, que se cree "una suerte de máster o de enseñanza de postgrado en el sistema público universitario, que además tenga un buen despliegue de becas y ayudas para que, a través de ese máster o postgrado, preparen el acceso a la Escuela Judicial".

UN MASTER PUBLICO PARA PREPARAR LA OPOSICION A JUEZ

"Así, en la preparación de la oposición habría una utilidad reconocida formalmente al margen del resultado final", explica Cuesta, quien critica que hoy exista "demasiada privacidad" en el proceso de selección", ya que quien quiere prepararse las oposiciones necesita un "preparador" que "habitualmente", precisa, es un juez o un magistrado que imparte las clases en sus horas libres. "No me parece que sea la mejor manera de garantizar la igualdad en el acceso a esta profesión", apostilló.

Su apuesta es un sistema "público, objetivo, evaluable" que mejore la formación y la "cualificación" del juez para que "no sólo contemplen grado de destreza en el conocimiento teórico del derecho sino para que también se enseñen técnicas de prevención, arbitraje y resolución del conflicto" y se vincule más al juez con la sociedad y con su entorno.

EL FISCAL COMO INSTRUCTOR

Otro de los cambios legislativos que Cuesta considera necesarios para mejorar el funcionamiento de la Justicia es la realización de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que la "legislación de origen" que hay en España es del siglo XIX, aunque ha habido "múltiples reformas". El objetivo, según explica, sería que el fiscal sea el "auténtico instructor" de las causas.

"Esto nos obliga --precisa-- a pensar en un nuevo procedimiento penal". Cuesta recuerda que la Ley de Responsabilidad del Menor ya establece que el Fiscal sea el instructor y "ahí se abre un mecanismo que hace tiempo que defendíamos y que también se defiende en la Ley del Jurado". Apunta también que en esa misma línea "camina el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal" y también se han pronunciado "el Parlamento, el propio CGPJ y los partidos políticos". "Creo que en esta Legislatura debemos producir la reforma procesal y conseguir que el fiscal sea el auténtico instructor".

A todos estos cambios que propone, Cuesta añade otros retos como abordar reformas que permitan una mayor presencia de los ciudadanos en la Justicia. En este sentido, explica que la Justicia debe ser evaluada y en su evaluación y análisis deben intervenir los ciudadanos que son los auténticos usuarios, beneficiarios o víctimas de la Justicia y los profesionales como abogados, procuradores, representantes de consumidores y usuarios, patronales o sindicatos.

Alvaro Cuesta recordó que durante esta Legislatura se han hecho importantes reformas como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley de acceso a la profesión de Abogado. A esto se añade la creación de 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales, el aumento presupuestario en la dotación de medios materiales y personales, "muy superior a los años de gobierno de la derecha".