Actualizado 28/06/2007 16:18 CET

La cúpula judicial reclamó ayer a Legarda y Luesma que se doble la escolta y se aporte un vehículo a cada juez

Cree que la protección ha servido para hacer de los jueces "víctimas más difíciles" y no espera una marcha importante de magistrados

BILBAO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, y el máximo representante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto Tribunal vasco, Juan Luis Ibarra, revelaron hoy que, en la reunión mantenida ayer entre representantes judiciales y responsables de Interior, se reclamó, de nuevo, que se doble la escolta y se aporte un vehículo a cada juez tras la ruptura de alto el fuego por parte de ETA.

Aunque precisaron que la respuesta fue, como en anteriores ocasiones, que esta reivindicación "se estudiará", reconocieron que las medidas de protección han servido para hacer de los jueces "víctimas más difíciles" para ETA y se hayan encontrado menos datos de miembros del colectivo en las investigaciones a la banda armada. Además, mostraron su convencimiento de que no habrá una marcha importante de magistrados porque se haya roto la tregua.

Durante la presentación de la memoria judicial 2006 en el Palacio de Justicia de Bilbao, Ruiz Piñeiro aseguró que no teme que la movilidad de jueces que trabajan en el País Vasco aumente tras la ruptura del alto el fuego de ETA.

"Llevamos ya suficientes años de experiencia en una situación como colectivo de riesgo y creo que lo que es que un juez se vaya de la comunidad Autónoma porque ETA tenga o no tenga actividad, a efectos porcentuales, estadísticos, numéricos, no tiene relevancia. Creo que ha tenido muy poca hasta la fecha, sin perjuicio de que pueda haber habido algún supuesto concreto en lo que haya sido un elemento significativo para moverse geográficamente", añadió.

A su juicio, la movilidad de jueces que ejercen en Euskadi se debe a causas personales. "¿El hecho de que ETA haya dicho que no hay una tregua va a suponer que se van 50 jueces? Yo diría que no, no va a ocurrir. Que de los 205 que estamos en planta ahora, haya uno que se vaya, eso ya no lo sé, pero no es significativo", apuntó.

RIESGOS

Por su parte, Juan Luis Ibarra señaló que "en la carrera judicial hay una clara conciencia de que ser juez tiene un nivel de riesgo respecto de la amenaza terrorista". "Este nivel de riesgo en los destinos en la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra es lo suficientemente superior como para que, tanto en el País Vasco como en Navarra haya un programa específico de seguridad personal de jueces y magistrados, además de fiscales", señaló.

Tras recordar que estas medidas de protección se implantaron a partir del asesinato del magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, José María Lidón, en noviembre de 2001, precisó que éstas "no se han retirado desde entonces" porque el peligro "en relación con esta amenaza se mantiene inalterable".

"Para la organización terrorista ETA los jueces formamos parte de lo que ellos definen como enemigos existenciales, es decir, aquellos que se cifra que su desaparición es condición de éxito de lo que se propone en este caso la organización terrorista", añadió.

Ibarra destacó que, "para la organización terrorista, su éxito está condicionado, entre otros extremos, al desistimiento de los jueces, a que los jueces, en definitiva, desistan de ejercer la jurisdicción".

"Las medidas preventivas de protección son un gravamen, no sólo de carácter personal, sino también familiar, que también dificultan que el juez, si viene de fuera del País Vasco, se plantee arraigarse en la Comunidad Autónoma", dijo.

El magistrado señaló que éste no es un problema "reciente" y recordó que en Euskadi "hubo una política de favorecimiento del arraigo de jueces que vinieran de otras comunidades autónomas". "Todo esto hace que el destino judicial en el País Vasco tenga este elemento como algo que es imposible que no lo tenga en cuenta quien opta por ese destino", añadió.

No obstante, precisó que Euskadi para los jueces "es un destino jurídicamente y profesionalmente muy interesante", pero puntualizó que no se puede negar "que un juez, cuando sale de la escuela judicial o cuando asciende un juez a magistrado, a la hora de considerar las posibilidades de ir a un destino en el País Vasco, desde luego, tiene en cuenta la amenaza terrorista".

Respecto al programa de seguridad adoptado para el colectivo judicial, Fernando Ruiz Piñeiro recordó que "ha funcionado razonablemente bien hasta ahora" y recordó que se advierte a los jueces que eligen Euskadi como destino "que hay una previsión preventiva de adopción de medidas de seguridad que tienen que cumplimentar".

REUNION

Además, expresó su satisfacción por la reunión que ayer mantuvieron representantes de la Judicatura con el viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Mikel Legarda, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma.

El presidente del TSJPV consideró que era necesario ese encuentro "para tener información de primera mano sobre cuál era la situación y qué cambio se había producido" tras la ruptura del alto el fuego, así como para valorar "cómo está el programa de protección de jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales".

Sobre esta cuestión, Juan Luis Ibarra reiteró que "las relaciones con el Departamento del Interior y el Ministerio del Interior en cuanto al programa de seguridad de jueces y magistrados son fluidas". "Creo que hay que calificarlas, sin paliativos, de buenas", dijo.

Sin embargo, dijo que ha habido siempre por parte del colectivo judicial una reclamación de que "el módulo de protección sea justo del doble del que se da, que se preste por dos personas y un vehículo, y no por una persona".

"Esto ha sido una reclamación constante, se aceptó inicialmente que no se podría satisfacer y, por distintas circunstancias, se nos ha dado explicaciones de por qué se sigue sin poder satisfacer este módulo que es el que nos parece adecuado y el que, de hecho, parece más adecuado para otros colectivos", apuntó.

Sobre esta "reivindicación", ayer Luesma y Legarda afirmaron que "se seguirá estudiando, lógicamente", aunque no mostraron su voluntad de cumplirla "en breve".

Tras señalar que los jueces "son clientes de un programa de seguridad" y no tienen "nada que reprochar" en términos generales, dijo que "se puede mejorar, pero no por razones estrictamente de seguridad, sino de fatiga psicológica".

En este sentido, precisó que, cuando se reclama la doble escolta, se hace "porque soportar un programa de seguridad durante seis años produce fatiga psicológica y ésta quedaría paliada si se mejora la prestación".

"RANKING MACABRO"

Preguntado por si les han comentado si la amenaza es mayor o menor ahora para el colectivo judicial, Fernando Ruiz Piñeiro precisó que "ese tipo de datos no son matemáticos". "Si dentro del ranking macabro estamos más arriba o más abajo, creo que no es un tema de especial preocupación por nuestra parte", aseveró.

Aunque precisó que los jueces sí tienen "claro" que son "un colectivo de riesgo" y, por eso, se implanta un programa de seguridad colectiva, dijo que, para saber si el riesgo "es A o B, habría que saber lo que piensa el que tiene la pistola".

Por su parte, Ibarra precisó que, "en términos de análisis estratégicos, no hay ningún dato que modifique lo que ya sabemos desde hace bastante tiempo, que la posición de los jueces en cuanto a la amenaza terrorista no ha cambiado en los últimos años".

"Lo que sí sabemos es que hay un efecto de las medidas de protección", señaló, para apuntar que sirve de prevención y ha incidido en que "los datos encontrados en las investigaciones a la banda terrorista sobre jueces hayan disminuido".

"Las medidas de protección tienen una finalidad preventiva que está cumpliéndose. Aparecemos como unas víctimas más difíciles de lo que éramos antes", concluyó.