MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario del PNV en el Congreso ha presentado una docena de propuestas de resolución con motivo del Debate sobre el estado de la Nación, entre las que destaca aquella en la que solicita al Gobierno socialista que cumpla con el Estatuto de Guernica y culmine las transferencias pendientes. También demanda la ubicación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el País Vasco, la transferencia en materia de ferrocarriles y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre competencias autonómicas en materia de crédito, banca y seguros.
Así, el PNV emplaza al Ejecutivo a que proceda "del modo más inminente posible" al desarrollo completo del Estatuto de Autonomía vasco. En el mismo texto, le insta a que atienda a los requerimientos formulados por el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe para cumplimentar la negociación del proceso de transferencias a Euskadi.
También demanda el cumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional sobre competencias autonómicas en materia de crédito, banca y seguros. En concreto, pide que el Congreso apruebe una Ley antes de que acabe la legislatura para cumplir la doctrina del Tribunal Constitucional recogida en las sentencias 96/1996 y 235/1999, en las que se encomendaba al legislador estatal a realizar las modificaciones pertinentes en la legislación vigente para dar entrada a las competencias autonómicas.
En políticas sociales, el PNV propone que a la hora de regular materias relacionadas con la protección social "se ajuste estrictamente" a la habilitación competencial prevista en el bloque constitucional y evite tanto la duplicidad administrativa como el vaciado de competencias que corresponden en exclusiva a las comunidades autónomas. Por eso, plantea que la anunciada medida de apoyo a la familia (subvención de 2.500 euros por hijo) lo sea sólo de común acuerdo con las comunidades autónomas.
TRANSFERENCIA EN MATERIA DE FERROCARRILES
En otra de sus resoluciones, que se someterán mañana a votación ante el Pleno, el grupo que dirige Josu Erkoreka pide la transferencia de la línea Bilbao-Santurce, la línea Brinkola-Irún, Muskiz-Bilbao y Orduña-Bilbao, y los correspondientes servicios de cercanías y de mercancías al puerto de Bilbao y conexiones con los servicios de pasajeros del Metro de Bilbao, así como la línea Balmaseda-Bilbao de FEVE hasta el límite con Cantabria.
Los nacionalistas vascos exigen también que el Gobierno elabore y presente en el Congreso, en el plazo de tres meses, el Plan de localización policéntrica de los organismos reguladores, a cuya elaboración fue instado por el Parlamento en junio del año pasado. Dicho plan, añade, deberá incluir la ubicación en el País Vasco de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
También ha presentado resoluciones relativas a: la paralización de los programas estatales de incentivación del abandono de la producción láctea; la conexión ferroviaria entre ejes mediterráneo y atlántico de altas prestaciones; la recuperación medioambiental de los terrenos de la central de Lemoiz; y la fijación de porcentajes obligatorios de bioetanol.
SECTOR PESQUERO.
En materia de pesca, el PNV quiere que el Gobierno no efectúe intercambios de cuota de aquellas especies pesqueras deficitarias para la flota española y que haga intercambios de cuota "únicamente de aquellas especies que cuenten con la opinión favorable del sector pesquero directamente afectado por la cesión".
En la misma iniciativa, solicita al Gobierno que adapte la aplicación del Plan de recuperación del atún rojo de forma que favorezca la actividad tradicional de las flotas artesanales que faenan en el Atlántico y que impulse normativa a nivel comunitario que permita equiparar la flota pesquera de altura a la flota mercante en cuanto a beneficios fiscales y seguridad social.
LA ERTZAINTZA EN SCHENGEN.
Además, defiende la inclusión de los funcionarios de la Ertzaintza entre los agentes del acuerdo de Schengen. En otra de sus iniciativas, demanda que se dé cumplimiento a las obligaciones que asumió con la firma y ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y que le son exigibles desde su entrada en vigor conforme a su contenido.
En esta última resolución pide que se solicite de la Fiscalía General del Estado la especial dedicación y diligencia en la persecución de estas prácticas criminales tipificadas bajo la rúbrica "de las Torturas y otros Delitos contra la Integridad Moral", y que se asuma el compromiso firme de excluir las condenas por estos delitos de toda posibilidad de indulto.