UPyD registra una resolución para que los cargos políticos cobren en función de una tabla de retribuciones

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una propuesta de resolución en el marco del Debate sobre el estado de la Nación en la que insta al Gobierno a presentar en seis meses un proyecto de ley que contemple las reformas legales necesarias a fin de establecer un sistema o régimen general retributivo de los todos los cargos políticos electivos y no sólo de los del ámbito local, como prevé el Ejecutivo.

Este sistema ha de ser "sencillo, transparente, racional, coherente y objetivo", estar diseñado "bajo los principios de coordinación y jerarquía y en función de la responsabilidad asumida por cada uno de los cargos públicos en las distintas instancias de la administración territorial del Estado, incluidas las comunidades autónomas y los entes locales.

Con esta propuesta Unión, Progreso y Democracia aspira a cubrir los cargos públicos que no se van a ver afectados por la tabla de retribuciones que tiene previsto incluir el Gobierno en su reforma de la administración local.

En otra de sus iniciativas, que se votarán el próximo martes en el Pleno del Congreso, y a la que ha tenido acceso Europa Press, UPyD apuesta por modificar la Ley de Partidos para que todos ellos elijan a sus cabezas de lista mediante primarias con voto directo y secreto. y que el resto de candidatos sean designados también de forma "abierta y transparente".

LAS JUNTAS ELECTORALES CONVOCARÁN LAS PRIMARIAS

Según esta propuesta, el proceso electoral interno sería convocado en todos los partidos a la vez por las Juntas Electorales existentes, que también controlarán el censo de votantes.

Asimismo, pretenden que la ley fije la periodicidad máxima con la que los partidos han de celebrar sus congresos, que las votaciones en los cónclaves sean "directas y secretas" y que delegados no tengan mandato imperativo. En la misma línea, piden que los órganos internos del partido sean elegidos por voto directo y secreto entre todos los afiliados en función de los territorios.

En cuanto a la financiación de partidos, demandan que la Intervención General del Estado controle las cuentas de manera anual, que cada uno las publique en su página web, según un formato homologado y que las cuentas consolidadas incluyan el ámbito local, además de los ya previstos actualmente.

DESPOLITIZAR EL TRIBUNAL DE CUENTAS

En paralelo, pide cambios en la elección de los consejeros del Tribunal de Cuentas para "garantizar su independencia y despolitización", así como que su personal se elija conforme a "criterios estrictos de mérito y capacidad y que se refuercen sus medios personales y materiales para la fiscalización de los partidos políticos.

También quiere que el Congreso respalde su propuesta de endurecer las sanciones administrativas por las infracciones cometidas en materia de financiación de partidos.

En otra de sus propuestas de resolución, la formación magenta plantea que la futura Ley de Transparencia afecte a todas las instituciones públicas, incluida la Corona, los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, y cualquier otra institución o empresa que reciba fondos públicos.

Además, piden que se publique un perfil de cada puesto público, incluidos los cargos de confianza y de libre designación, sus requisitos de acceso, los currículos de los candidatos que concurran a ocuparlo, y la motivación de los nombramientos y ceses que se produzcan. En la misma línea, solicita que se difunda el uso que se da a los coches oficiales, las tarjetas y gastos de protocolo, así como los gastos de campañas oficiales y sus motivos.

Quiere que se obligue a publicar sus declaraciones de la renta y patrimonio a los miembros del Gobierno y altos cargos, los diputados y senadores, las "principales instituciones del Estado" y de los cargos similares en las Comunidades Autónomas y ayuntamientos.

Otra de sus peticiones versa sobre la regulación en la Ley de Transparencia de los grupos de influencia 'lobbies' y de su actividad, que se cree un órgano de control y sanción independiente del poder político, para asegurar el cumplimiento de la norma y que se convierta en una ley orgánica evitar su inaplicación por la colisión con otras del mismo rango como la de protección de datos.