MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La defensa del propietario de Gescartera, Antonio Camacho, presentó hoy su informe de conclusiones en la decimotercera semana del juicio oral por el escándalo financiero que dejó un desfase de 50,22 millones de euros, según mantiene la Fiscalía. Durante su intervención, el letrado insistió en que "no hubo desviación de fondos, sino pérdidas en las inversiones" en bolsa realizadas con los fondos depositados por los clientes a causa de la "mala gestión y la mala fortuna" de los responsables de Gescartera.
La defensa de Camacho y de su mujer, Laura Gracía Morey, ejercida por el abogado Miguel Bajo, calificó a su defendido de "buen gestor" y de "poner cariño en sus actuaciones" al frente de la empresa, e insistió en que "no ha quedado acreditado que el dinero haya entrado en el bolsillo del presunto autor", por lo que la existencia de un desfase patrimonial y un perjuicio "simplifica exageradamente el delito de apropiación indebida" del que se acusa a su defendido.
El abogado contradijo la tesis del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares e insistió en que los inversores a renta fija eran "auténticos prestamistas" de Gescartera, y que la mayoría del dinero de la empresa fue a parar, vía efectivo o cheques al portador, a dichos prestamistas, que depositaban su dinero a cambio de una rentabilidad de alrededor del 20%. Las acusaciones mantienen que nunca existió la inversión en renta fija y que dichos clientes eran testaferros a los que se les imputaban las pérdidas de las inversiones bursátiles de los clientes de renta variable.
Bajo explicó que el negocio de Gescartera tuvo "déficit desde el principio", debido a las características del negocio, que se acentuó con las crisis de lo mercados de los años 1989 y 1992. Un déficit que fue cubierto con dinero de la familia Camacho, con el crédito que la entidad HSBC concedió a Camacho por valor de 4,5 millones de euros y con lo aportado por los prestamistas.
El abogado defendió la "viabilidad" de Gescartera y la "ilusión" que pusieron sus directivos en el proyecto empresarial, que "no responde" a la intención de "querer llevarse el dinero". Asimismo, insistió en el apoyo a la actividad prestado por entidades como el HSBC, Bankinter, Deutsche Bank, el banco Santader, 'La Caixa', Caja Madrid Bolsa, entre otros, así como la compra del 10% por parte de la Fundación ONCE.
En esta línea, la defensa insistió en que tanto los informes de la CNMV como los elaborados por la Agencia Tributaria y el Banco de España, tras la intervención de 14 de junio de 2001, mostraron la viabilidad de la empresa.
Los datos recogidos en dichos informes, principales pruebas de cargo de las acusaciones, muestran que en el año 2000 hubo ganancias y durante los meses de 2001 que operó "se ganaron alrededor de 9 millones de euros", afirmó.
COMPORTAMIENTO "EXTRAÑO" DE LA CNMV.
El informe final de la defensa califica de "extraño" el comportamiento de la CNMV al adoptar una sanción contra Gescartera en febrero de 2001 al mismo tiempo que confirmaba la transformación de la empresa de gestora de carteras a agencia de valores. Los responsables de la agencia de valores "no trataron de ocultar nada" y "siempre" informaron a la CNMV del estado de sus cuentas. Incluso la informatización de la actividad de la empresa que se llevó a cabo en 1998 se hizo para que las comunicaciones con el supervisor fueran "viables" y "efectivas", explicó Bajo.
En este sentido, el abogado afirmó que se ha imputado "a boleo" un delito de falsedad documental alegando que durante el juicio "nadie se ha preocupado de la pericial sobre las firmas y las letras", con lo que no ha quedado probada la autoría.
La Fiscalía acusa a Camacho de intentar engañar a la CNMV con la entrega de numerosa documentación falsa, entre la que destacan tres cheques por valor de 27 millones de euros emitidos por 'La Caixa', así como varios certificados bancarios de listados de clientes.
Asimismo, el abogado criticó la actuación de inversores como el Arzobispado de Valladolid, el Instituto Nacional de la Armada y la Mutualidad de la Policía (Mupol), que depositaron dinero "público" en Gescartera a cambio de rentabilidades superiores al 12% y que están personados en la causa como perjudicados.
Bajo finalizó su intervención pidiendo la absolución de sus defendidos y afirmando que quien entregaba el dinero en Gescartera "sabía muy bien lo que hacía". El Ministerio Fiscal pide once años de cárcel para Antonio Camacho por apropiación indebida y delito continuado de falsedad documental. El fiscal, Vicente González Mota, retiró la semana pasada la imputación de seis años de prisión para Laura García Morey por apropiación indebida, aunque la mayoría de las 40 acusaciones particulares mantienen su acusación contra ella.
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