Se basa en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que avisa a Filipinas de que debe estudiar la "liberación condicional"
MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La abogada defensora de Paco Larrañaga, el español que cumple cadena perpetua en Filipinas, ha solicitado a las autoridades filipinas una segunda petición de indulto basada en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, informó hoy a Europa Press el letrado Javier Viada, representante del recluso en España.
Las autoridades filipinas rechazaron el primer indulto bajo el argumento de que no había ocurrido nada nuevo que cambiara la situación de Larrañaga. Por eso, tras el pronunciamiento del Comité en julio pasado, la defensa se puso en marcha para preparar una segunda petición de gracia, que la letrada Sandra Coronel presentó al Comité de Perdón la semana pasada, precisó Viada.
El dictamen del Comité concluye, entre otras cosas, que la justicia filipina ha "violado" el derecho de Larrañaga a no ser privado de la vida de forma arbitraria al imponerle la pena de muerte de forma "automática", sin tener en cuenta ninguna circunstancia atenuante de la que pudiera haberse beneficiado el acusado, como su juventud.
El Comité también advirtió de que en el juicio "no se respetó el principio de presunción de inocencia", hecho que, junto con el párrafo anterior, viola el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en vigor en Filipinas desde 1989.
El órgano de la ONU considera que el juez de primera instancia "no dio suficiente margen al acusado para demostrar su coartada y, en particular, excluyó a varios testigos presentados con este fin". En este sentido, recuerda que un tribunal penal "sólo puede condenar a una persona cuando no existe ninguna duda razonable sobre su culpabilidad".
Observa asimismo que "se negó" a Larrañaga la "posibilidad de que la pena de muerte que le fue impuesta fuera revisada por un Tribunal Superior conforme a la ley". También señala que "el juez de primera instancia y dos magistrados del Tribunal Supremo participaron en la evaluación de las acusaciones preliminares" contra Larrañaga en 1997, algo "incompatible con el requisito de imparcialidad" establecido en el citado protocolo.
Por todo lo anterior, el Comité advierte a Filipinas de que "tiene la obligación de proporcionar" a Larrañaga "un recurso efectivo, incluida la conmutación de su pena de muerte --ya concedida-- y el pronto examen de la liberación condicional".
MÁS PROBABLE QUE SEA TRASLADADO A ESPAÑA
Viada manifestó su escepticismo con respecto a que Filipinas conceda el indulto, ya que consideró que para este país es "más políticamente correcto" aceptar trasladar al preso a España para que cumpla aquí el resto de la condena.
La ventaja de esta medida, explicó el abogado, es que con el traslado la condena de Larrañaga, que en Filipinas en una "reclusión perpetua", es decir, para siempre, quedaría sujeta a los límites que marca la legislación española sobre estancia en prisión, además de que el recluso pasaría a depender de Instituciones Penitenciarias, por lo que podría incluso "beneficiarse de alguna medida de gracia".
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, confió ayer en el Senado en tener listo para "finales de año" el convenio que permitirá el traslado de Larrañaga, al que se le conmutó la pena de muerte.
Moratinos indicó que prevé firmar "en mayo" con el embajador filipino en España el tratado sobre el traslado de personas condenadas, que no podrá ser ratificado antes del mes de "junio", ya que las autoridades filipinas han decidido disolver el Parlamento y celebrar elecciones.
El objetivo es que, precisó, "esté todo concluido y firmado" para finales de año, coincidiendo con una visita de Estado a España de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, y se pueda así cumplir el fin "principal" de este tratado, "trasladar" al "compañero y ciudadano español Francisco Larrañaga" para que cumpla aquí su condena.
