Los detenidos en la operación 'Trigo limpio' crearon una red de intermediación de compra y venta de terrenos

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los cinco detenidos este fin de semana en la operación denominada 'Trigo limpio' habían creado una estructura organizada dedicada a la intermediación en la adquisición y venta de terrenos utilizando para ello una serie de sociedades a cuyo frente estaría un "testaferro" sin capacidad real de disposición con el fin de emitir facturas falsas que ampararían ventas realizadas por otras empresas o particulares que no declaraban su actividad.

Según informó la Delegación del Gobierno en Cantabria, y consta en los autos emitidos por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, que levantó hoy parcialmente el secreto de sumario, el importe defraudado en principio superaría los dos millones de euros, aunque está pendiente de una valoración más exhaustiva por parte de la Agencia Tributaria.

Según los autos judiciales, dichas sociedades carecían de localización física, actividad, empleados y activos de cualquier tipo, y en unos casos se encontraban domiciliadas en los propios domicilios de los imputados, mientras en otros carecían de domicilio. A través de ellas, los imputados habrían proporcionado a empresas y particulares facturas falsas con el fin de blanquear dinero o eludir el pago de impuestos.

De estas actividades están acusados el abogado Rodolfo M.P., de 44 años; José Antonio L.G., Jesús José R.G, de 51; y José Ángel C.I., de 73, a los que se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsedad en documento mercantil.

Se han llevado a cabo registros en los domicilios de tres de ellos, así como en la sociedad Sergamar Asesores Asociados, en la que asesoraba a sus clientes Rodolfo M.P., así como en el despacho profesional de éste. El quinto detenido es Juan Francisco P.G., de 47 años, gestor de la citada asesoría.

Todos ellos carecen de antecedentes, salvo José Ángel C.I., al que le constan tres detenciones anteriores por cheque en descubierto, apropiación indebida y reclamación.

SOCIEDADES UTILIZADAS

Las tres sociedades utilizadas por los acusados para llevar a cabo estas actuaciones son Promociones El Jardín de Aras 2004, Arroyo Aguanaz SL y Minalcom.

A la primera se le imputan operaciones de ventas no declaradas de 410.0824 euros en el ejercicio de 2002 y de 441.341 en el del 2003; a la segunda de 4,3 millones de euros en el 2003, 140.214 en 2004, y 180.440 en el 2005, así como tráfico de divisas por más de 3 millones de euros en el 2003; y a la tercera ventas no declaradas de 21.926 euros en 2003, 49.122 en 2004 y 1,1 millones de euros en 2005, así como un cobro de cheques interbancarios de 386.589 euros.

A Arroyo Aguanaz y Minalcom les constan además 437.686 euros de ingresos devengados y no ingresados a Hacienda en 2003, y en relación con el IVA, cantidades devengadas y no ingresadas por 84.016 euros en 2002 y por 629.533 en 2003. Por su parte a Minalcom le constan 545.051 euros por impuesto de sociedades devengado y no abonado en 2005 y otros 253.764 por IVA no ingresado.

A la vista de estos indicios se han llevado a cabo registros en los domicilios de santander de Jesús José R.G. y José Antonio L.G, y en el de laredo de José Ángel C., así como en el despacho profesional del abogado y la asesoría ambos situados en la calle Hernán Cortés de la capital cántabra.

OPERACIÓN CONJUNTA

En la operación han participado el Cuerpo Nacional de Policía y la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Cantabria, dirigida y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander.

En el año 2006, el área de Inspección de la Agencia Tributaria detectó un presunto delito fiscal en el sector inmobiliario, lo que hizo que se ampliaran las investigaciones y, a finales del año pasado Vigilancia Aduanera puso en conocimiento del Grupo de crimen organizado de la Policía Judicial las gestiones que se estaban realizando sobre el entramado de empresas.

Las primeras investigaciones comprobaron la existencia de un "testaferro" y posteriormente la existencia de una serie de empresas presuntamente utilizadas para facturar las operaciones no declaradas.

Según la Delegación del Gobierno se trata de una operación "compleja" de personas que se relacionan "piramidalmente" y que estarían desarrollando actividades defraudatorias desde "al menos" el año 2003.