MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa que investiga el supuesto chivatazo a ETA, solicitó este jueves al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que no archive la causa sobre la supuesta filtración a la banda terrorista y que la Guardia Civil asuma la investigación, informaron hoy a Europa Press fuentes de este colectivo.
Esta parte presentó poco después de las 13.30 horas su escrito de alegación al informe presentado por la Fiscalía el pasado 1 de octubre, que solicitó el "sobreseimiento" provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar la autoría de la supuesta delación. Ésta se habría producido el 4 de mayo de 2006, cuando, según los agentes que investigaron el caso, el dueño del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, habría recibido una llamada que le alertó de la existencia de una operación policial contra el aparato de extorsión de ETA.
En su escrito, de 40 páginas, Dignidad y Justicia defiende que existen "indicios más que de sobra" para investigar al menos a los tres mandos policiales que se encuentran imputados en la causa: el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de la provincia de Álava. Además, la asociación pide que declaren todos los agentes de policía que participaron en el dispositivo montado contra el aparato de extorsión.
La petición se produce un día después de que las partes personadas en la causa visionaran un vídeo que muestra la entrada al bar 'Faisan' de Irún (Guipúzcoa) en el día en el que pudo producirse la supuesta filtración. No obstante, las citadas fuentes indicaron que el vídeo es "poco esclarecedor" porque está cortado y apenas consta de dos extractos de unos cinco segundos en los que no se ve muy bien quiénes son las personas que acceden al local.
VÍDEO "POCO ESCLARECEDOR" INCORPORADO A LA CAUSA
La cinta es larga, según las mismas fuentes, pues comprende todas las grabaciones realizadas al bar Faisán durante la investigación realizada contra el aparato de extorsión de ETA, si bien las partes se centraron en momentos determinados de dos días concretos. El vídeo y un informe sobre el mismo se encontraba incorporado a la causa, si bien el visionado no ha podido producirse hasta hoy por motivos técnicos.
El pasado lunes, el PP anunció su intención de personarse en las actuaciones al constituir lo investigado "hechos de extrema gravedad" y "quedar en entredicho la profesionalidad e incluso la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como las políticas antiterroristas adoptadas por el Gobierno".
Los tres mandos policiales fueron citados a declarar por Garzón en calidad de imputados. Según los agentes que investigaron el caso, García Hidalgo habría ordenado que la información sobre la operación llegara a Joseba Elosúa, mediante una llamada que el responsable policial del País Vasco realizó al inspector de Álava.
Sin embargo, la Fiscalía rechaza la tesis de los investigadores argumentando que las comunicaciones telefónicas "no han proporcionado ningún resultado positivo" y que esta tesis no ha sido avalada ni por la confesión de los imputados ni por la declaración como testigo de Elosúa.
El inspector de Policía que dirigió al equipo que investigó el caso, Carlos G., se defendió de las acusaciones que le sitúan como hipotético autor de la delación a Joseba Elosúa argumentando que en el momento de los hechos, el 4 de mayo de 2006, él se encontraba reunido con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, quien dirigía la operación contra el aparato de extorsión de la banda.
