MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vídeo grabado por la policía en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el día que pudo producirse el presunto chivatazo a la banda terrorista ETA tiene dos cortes de tres minutos y 16 segundos, respectivamente, que afectan a un momento "clave" de la investigación, según la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en esta causa.
La asociación, que solicitó este jueves al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que no archive esta investigación y que sea asumida por la Guardia Civil, destaca en su escrito de alegaciones a la petición de archiva formulada por la Fiscalía que "de este vídeo no se ha podido sacar nada concluyente para el esclarecimiento de los hechos" por la "existencia de dos cortes en la imagen del vídeo".
El primero afectaría, teniendo el cuenta el desfase horario de tres minutos que tenía el reloj de la cámara, a la grabación que se realizó entre las 10.52 y 10.55 horas del 4 de mayo de 2006, día en que se iba a desarrollar la operación. El segundo, de 16 segundos, comprendería entre las 11.11.12 horas hasta las 11.11.28. Según el informe de la Fiscalía, la supuesta "filtración" pudo producirse entre las 11.10 y las 12.00 horas.
Según fuentes de la asociación consultadas por Europa Press, los cortes, sobre todo el segundo, afectan a dos "momentos clave" de la investigación, en los que el dueño del Faisán, Joseba Elosúa, podría haber recibido una llamada que le habría alertado de la existencia de una operación policial contra el aparato de extorsión de ETA, lo que frustró las detenciones.
"Podría ser un error o que se intenta ocultar la imagen de la persona que entró", señalaron estas fuentes, que añadieron que "la parte trasera del establecimiento, "por donde solía entrar Elosúa, no tenía ninguna cámara".
COMPARECENCIA DE LOS AUTORES
A causa de estos dos cortes, DyJ solicita a Garzón que cite a declarar a "todo aquel funcionario policial que tuviera encomendada la función de llevar a cabo dicha grabación". El colectivo de víctimas realiza esta petición "dada la gravedad del hecho, puesto que se trataba del único dispositivo de vídeo que se había dispuesto por parte del equipo operativo ese día para controlar los movimientos de Joseba Elosúa".
De igual forma, destacan que las imágenes omitidas afectan al "día en que se iba a producir la detención" de los investigados y están dentro del "lapso de tiempo en el que pudo entrar el sujeto que le dio al teléfono a Joseba Elosúa y que evitó que cayera la red de extorsión de ETA".
Esta parte también solicita una "aclaración" sobre el dispositivo que la policía desplegó tanto en el bar Faisán como en la vivienda de Elosúa, que "venía siendo habitual a lo largo de la investigación", así como sobre el operativo que se montó el 4 de mayo de 2006, a efectos de "poder comprobar si existe otro tipo de material videográfico que pueda resultar interesante para la investigación".
INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
DyJ señala que, dada la "extrema gravedad" de estos hechos, las investigaciones "deben continuar" porque existen "indicios de criminalidad suficientes" para mantener la acusación contra los tres mandos policiales que se encuentran imputados: el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de la provincia de Álava.
En su escrito, de 40 páginas, la asociación también defiende que es "llamativo" el hecho de que "funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que participaron con una fuerte carga de responsabilidad sobre el operativo elaborado entre la Policía española y francesa sean encargados de llevar a cabo la investigación de la filtración que dio al traste con dicha operación".
Por ello, piden que la investigación vuelva a recaer en la Guardia Civil --como sucedió al principio del caso, cuando fue instruido por el juez Fernando Grande-Marlaska-- porque sus agentes gozan de la "neutralidad e imparcialidad" necesarias para esclarecer lo sucedido.
OTRAS DILIGENCIAS
Además, la asociación solicita que declaren "todos y cada uno de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía" que estuvieron destinados a esta operación, y la incorporación y visualización del material gráfico y de audio que obra en la causa, lo que incluiría las intervenciones telefónicas practicadas y sus correspondientes transcripciones.
También reclama que las autoridades judiciales francesas remitan la información de que disponen sobre el tráfico de llamadas intervenido el día de la operación, así como las desviaciones telefónicas a las que estaban sometidos los investigados. Por último, DyJ solicita la repetición de todas las diligencias practicadas hasta la fecha porque el secreto del sumario impidió el acceso a ellas por parte de las acusaciones populares.
LA FISCALÍA PIDIÓ EL ARCHIVO
El pasado 1 de octubre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el "sobreseimiento" provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar la autoría de la supuesta delación. En su escrito, indicaba que una de las razones que, a su juicio, contribuyó al escaso éxito de la investigación se debía a que la cámara que había instalada para controlar el bar Faisan tan sólo grababa una de las dos entradas del establecimiento, concretamente la principal.
Además, el Ministerio Público también lamentaba, al hilo de lo que cuestiona en su escrito DyJ, "el hecho de que, ni ese día, ni en los inmediatamente anteriores, se estableciese por parte de la dirección del equipo conjunto dispositivo de vigilancia personal o electrónico en las inmediaciones del docimicilio de Joseba Elosúa". Según la Fiscalía, "de haber existido vigilancia personal o electrónica en las cercanías del domicilio el día de los hechos, dificilmente se hubiera pasado por alto" la persona que le entregó el móvil a Elosúa.
Los tres mandos policiales fueron citados a declarar por Garzón en calidad de imputados. Según los agentes que investigaron el caso, García Hidalgo habría ordenado que la información sobre la operación llegara a Joseba Elosúa, mediante una llamada que el responsable policial del País Vasco realizó al inspector de Álava.
Sin embargo, la Fiscalía rechaza la tesis de los investigadores argumentando que las comunicaciones telefónicas "no han proporcionado ningún resultado positivo" y que esta tesis no ha sido avalada ni por la confesión de los imputados ni por la declaración como testigo de Elosúa.
El inspector de Policía que dirigió al equipo que investigó el caso, Carlos G., se defendió de las acusaciones que le sitúan como hipotético autor de la delación a Joseba Elosúa argumentando que en el momento de los hechos, el 4 de mayo de 2006, él se encontraba reunido con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, quien dirigía la operación contra el aparato de extorsión de la banda.
