MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que prohíba la celebración en Beasain (Guipúzcoa), el próximo 18 de noviembre, de una reunión de la Asamblea de electos municipales vascos (Udalbiltza Kursaal), al tratarse de un órgano cuya actividad fue suspendida expresamente por el juez Baltasar Garzón por sus presuntas conexiones con ETA.
La solicitud de DyJ responde a una noticia publicada en el diario Gara el pasado 5 de noviembre que recogía la información sobre una rueda de prensa ofrecida por el presidente de esta asamblea, Loren Alkortxa, quien animó a acudir al encuentro que tendrá lugar en el cine de Beasain el próximo sábado.
La asociación de víctimas estima que, "a la mayor urgencia" y, en su caso, requiriendo informes a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía y al Servicio de Información de la Guardia Civil, el tribunal debe prohibir la reunión "por tratarse de un acto orgánico en desarrollo de la actividad suspendida", con requerimiento expreso a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que de cumplimiento a dicha resolución.
En una nota de prensa, Dignidad y Justicia señala que el requerimiento e realizó mediante la presentación de un escrito el pasado 8 de noviembre ante la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tramita la causa contra los procesados por pertenecer a esta asamblea de electos.
En este documento, la DyJ justifica su petición en el cumplimiento del auto dictado por Garzón el 25 de junio de 2005, en el que se acordó la suspensión de actividades de tres sociedades -Udaltiztzaren Elkartea, Udalbiltza Partzuergoa (Consorcio Udalbiltza) y Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa (Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo)-, que según la investigación del juez financiaban a la asamblea ilegalizada, "responsable entre otras actuaciones de la promoción y gestión del Documento Nacional de identidad Vasco, como parte integrante del entramado etarra".
Previamente, en septiembre de 2004, Garzón acordó el procesamiento de 21 personas relacionadas con la actividad de Udalbiltza Kursaal por un delito de integración en organización terrorista. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente señalar la fecha del juicio contra todas ellas.
