División en el CGPJ ante los ataques del Gobierno vasco al TSJPV por la causa en la que está imputado Ibarretxe

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El apoyo solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ante las críticas que está recibiendo el instructor de la causa seguida contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y dirigentes del PSE por reunirse con el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha vuelto a dejar patente la división existente en el órgano gobierno de los jueces. La Comisión Permanente del Consejo acordó hoy denegar esta solicitud en aras a la libertad de expresión en contra el criterio de dos de los vocales de la mayoría conservadora, que instaron al Gobierno vasco a que cesen los ataques.

El vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas Molina, y las vocales Ángeles García y Montserrat Comas, todos ellos designados a propuesta del PSOE, acordaron hoy emitir un comunicado en el que se refieren al derecho a la crítica de las resoluciones judiciales como "una manifestación más del derecho a la libertad de expresión reconocida en la Constitución".

Según el criterio de los vocales progresistas, dicha libertad "no puede ser entendida como capaz de inquietar la independencia judicial, sin perjuicio del respeto institucional que debe existir en todas las relaciones entre los distintos Poderes del Estado".

VOTO PARTICULAR.

Esta declaración ha merecido el voto en contra de los vocales Juan Pablo González González y Carlos Ríos, ambos designados a propuesta del PP, quienes emitieron un voto particular al respecto.

Ambos asumen que las declaraciones realizadas por la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkárate, al calificar como "desvergüenza" algunas decisiones del juez instructor de la causa penal que se sigue contra el lehendakari, y advirtiendo de que la investigación está basada en "motivaciones ideológicas" y que "no le saldrá gratis", pueden causar preocupación y malestar en el TSJPV.

Por ello, los vocales conservadores consideran conveniente reiterar el acuerdo que ya adoptó el CGPJ el pasado 23 de enero ante otras manifestaciones vertidas por miembros del Gobierno vasco, en el que se instó a los responsables políticos a cesar en dichas declaraciones "en tanto en cuanto tengan como fin la descalificación y cuestionamiento de la actuación profesional de integrantes de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco".

Añadía dicha declaración que, de proseguir este tipo de descalificaciones, "podrían llegar a ser susceptibles de perturbar o inquietar a los integrantes de la mencionada Sala", todo ello sin perjuicio de reiterar "el legítimo derecho a la crítica racional de las resoluciones judiciales como una manifestación del derecho a la libertad de expresión".