CÓRDOBA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los dos agentes de la Guardia Civil de Almodóvar del Río (Córdoba) que iniciaron a finales de 2005 un procedimiento administrativo para solicitar que se retire del cuartel la Virgen del Pilar han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la negativa de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En un comunicado, los agentes explicaron que este procedimiento comenzó en octubre de 2005, fecha desde la que han ido planteando su solicitud ante diversos mandos intermedios, hasta llegar a la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano que desestimó la petición y ofreció la posibilidad de recurrir ante el Ministro del Interior.
En mayo de 2007 así lo hicieron, pero explican que dichos recursos han sido resueltos nuevamente por la Secretaría de Estado de Seguridad, "lo cual resulta ilógico y contrario a la ley, porque un recurso de alzada debe ser resuelto por el órgano superior del que dictó la resolución recurrida, y de hecho así se hacía constar en dicho documento".
Sin embargo, lamentan que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "haya adoptado la misma actitud" que el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, obviando su solicitud y delegando en otros órganos administrativos para evitar tener que pronunciarse sobre el asunto, "lo cual podría considerarse como un acto de cobardía política".
Por ello, contra la última resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad han interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos, uno ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y otro ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los agentes explicaron también que han apostatado y que, mientras el Obispado de Córdoba "no ha puesto trabas de ningún tipo", el Arzobispado castrense "sí se opuso", una situación que denunciaron ante la Agencia Española de Protección de Datos, órgano que dictó una resolución obligando al Arzobispado a admitir la solicitud de apostasía planteada.
Para los dos agentes, la existencia de un símbolo religioso expuesto en su lugar de trabajo conculca su derecho a la libertad de culto y "la obligada aconfesionalidad del Estado".
