VALENCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos hombres a cumplir cuatro años de prisión y a pagar 3.000.000 de euros por introducir en España dos toneladas de hachís a través de la playa llamada 'El Silencio' o 'El Malagueño', ubicada en el término valenciano de Cullera. Los acusados, durante el juicio, aseguraron que "no tenían nada que ver" con el alijo.
Según consta como probado en la sentencia, contra la que cabe recurso de casación, los hechos tuvieron lugar el 15 de noviembre de 2006 cuando, sobre las 22.55 horas, un helicóptero de la Jefatura Aeronaval de Vigilancia Aduanera de Murcia se percató de que a varias millas de la costa había una embarcación semirrígida sospechosa de transportar droga que se dirigía a una playa conocida como 'El Silencio'.
Cuando la lancha llegó a la arena, se aproximaron entre seis y ocho personas que empezaron, con la ayuda de los ocupantes de la embarcación, a descargar unos fardos. En ese momento, descubrieron la presencia del helicóptero y los que se encontraban en tierra huyeron a la carrera, mientras que los de la barca se intentaron hacer de nuevo a la mar.
Los tripulantes del helicóptero de Murcia evitaron que los miembros de la embarcación huyesen y consiguieron que volviesen a tierra, momento en que salieron sus ocupantes y los agentes pudieron detener a dos de ellos, de origen marroquí.
Los agentes encontraron en el interior de la embarcación, así como en la playa, sobre la arena y preparados para ser introducidos en una furgoneta robada, un total de 67 fardos que contenían en su interior pastillas de hachís envueltas con plástico transparente. Asimismo, localizaron, en la entrada de la playa, en otro furgoneta robada, flotando sobre el agua y en la embarcación 78 garrafas de 25 litros de gasolina y 70 botes de aceite de color verde.
La sustancia contenida en los fardos estaba compuesta por 2.260 pastillas de hachís, con un peso de 563,800 kilogramos (kg); 3.247 tabletas, con un peso de 652,232 kg y otras 7.507 tabletas con un peso de 760,042 kg. Estas sustancias hubieran alcanzado en el mercado ilícito un precio de venta de 2.641.140 euros en su venta por kg y 8.964.600 euros en su venta por gramos.
La sala estima, para establecer la pena, que los acusados tenían la posesión de la sustancia y la disponibilidad de las mismas, y sabían lo nocivo de las mismas y que estaban destinadas al consumo de terceras personas cuando aceptaron realizar el porte.
Se fundamenta en que los agentes de vigilancia no perdieron "en absoluto" de vista a los acusados, por lo que no tenían "ninguna duda" de que iban en la planeadora. También considera que ambos conocían el tipo de "mercancía" que transportaban.
Asimismo, en la sentencia se explica que puede que los acusados aceptasen el transporte e introducción de la droga aprovechándose de la pobreza y de la necesidad a cambio de facilitarles el ingreso en España, pero este hecho, según expone, "no empece a la autoría de los que así actúan".
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