El ex conseller acusa a un ex alto cargo de UDC muerto como el responsable de encargar los informes
BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El acusado y propietario de las dos empresas que hicieron los informes fraudulentos del 'caso Treball', Víctor Manuel Lorenzo Acuña, admitió hoy que ordenó plagiar los ocho estudios investigados sin que lo supiera ningún responsable de la Conselleria de Trabajo, con el gobierno de CiU, exculpando así al ex conseller y al ex secretario general del Departamento, también imputados.
Durante la primera sesión del juicio por el presunto desvío de fondos públicos de la Conselleria mediante la adjudicación de estudios falsos, Acuña ratificó así el contenido de la carta escrita en abril de 2006, en la que asumió toda la responsabilidad en la elaboración de los informes fraudulentos y admitió que pretendía obtener "una clara ventaja económica".
Acuña, ya condenado por el 'caso Turisme', se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel y a una multa de 18.000 euros por un delito continuado de falsedad en concurso ideal con un delito de malversación, así como a cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
La Fiscalía también pide que, junto a los otros dos procesados --que se enfrentan a cinco años y medio de cárcel y a una multa de 103.5000 euros--, indemnice a la Conselleria con 46.157 euros, la cantidad desviada.
Justo antes de que declarara el dueño de Gestumer y Socesa, lo hizo el ex secretario general de Trabajo Josep Maria Servitje (UDC), quien aseguró no recordar quién pidió los informes, si bien "posiblemente" él propuso dos al comité de dirección porque necesitaba "un estudio práctico" para "negociar con los sindicatos". Al no ser un laboralista, "no estaba al corriente de la normativa laboral" y no percibió ninguna deficiencia.
En referencia a Acuña, lamentó que les "levantara la camisa de esta manera", porque confiaron en él y les podía "haber creado un problema, no sólo judicial o penal, sino también político".
RESPONSABLE FALLECIDO
El primero en declarar ante el tribunal de la Sección Décima fue el ex conseller de Trabajo Ignasi Farreras (UDC), quien aseguró que el responsable de encargar los informes y comprobar la autenticidad de los ocho estudios fraudulentos era el ex alto cargo de la Conselleria Juan Martín Toribio (UDC) --ya muerto y que también fue imputado por desvío de fondos en el 'caso Pallerols'--, aunque admitió que podía hacerlo "cualquiera de los componentes del comité de dirección".
En referencia a la legislación derogada recogida en los estudios, dijo que "no se advirtió ninguna deficiencia" a causa de la "vorágine" de reformas legislativas de esa época, a principios y mediados de los años 90, "en plena crisis económica". "Hubiéramos tenido que esperar hasta finales de 1995 para saber que ocurría con la legislación laboral española", agregó.
Si bien afirmó que entonces no tenían "el más mínimo indicio" de que los informes eran meras copias, el ex conseller aseguró que "por ética" nunca se hubiera confabulado con nadie para desviar fondos mediantes estudios falsos. "¿Tan poco inteligentes se nos supone al señor Servitje (también procesado) y a mí como para no hacer desaparecer los informes sabiendo que son falsos?", se preguntó.
También dijo que, antes de que el caso saliera a la luz, no conocía al también acusado Víctor Manuel Lorenzo Acuña, militante de UDC y propietario de las empresas adjudicatarias, Gestumer y Socesca, sino que se les encargaron los informes sobre derecho laboral porque Gestumer "tenía antecedentes de haber trabajado" para el Departamento y, pese a que los dos informes anteriores "estaban falsificados, eran de calidad", explicó.
Confiaban --dijo-- en la fiabilidad de los estudios, "en su contenido y en la fe en la persona que lo había encargado", que normalmente era quien los recibía y solía ser Juan Martín Toribio, por lo que "hay que suponer que él los recibió y que comprobó su contenido", señaló. Farreras añadió que "la contratación directa era completamente normal", en contra de lo que sostiene la Fiscalía.
