Madrazo cree que, en un clima de amenaza terrorista y de politización de la Justicia, "debe haber propuestas que sumen y no resten"
BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de Ezker Batua-Berdeak, Javier Madrazo, apuestó hoy por la consecunción de "un gran pacto plural, amplio y trasversal" entre Gobierno vasco y central que se base en el derecho a decidir de la sociedad vasca. A su juicio, en un clima de amenaza terrorista y de politización de la Justicia, los partidos deben apostar por "propuestas que sumen y no resten", por lo que rechazó marcos ya vigentes como "el Plan Ibarretxe, el Federalismo de Libre adhesión, la Constitución Española o el Estatuto de Gernika"
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, destacó que Euskadi está viviendo "momentos convulsos" tras la ruptura del alto el fuego por parte de ETA y lamentó, en este sentido, que la detención practicada ayer en Santander de un presunto miembro de ETA evidencia que la organización terrorista "está dispuesta a seguir haciendo daño a la sociedad".
De la misma manera, censuró la apuesta "muy clara" del PP por continuar "politizando la justicia con el inicio del juicio oral contra el lehendakari Ibarretxe y dirigentes del PSE" por los encuentros mantenidos con dirigentes abertzales.
"Lamentablemente- añadió- se puede constatar cómo un sector importante del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) se sitúa como un agente político al servicio de los intereses del PP, dando la espalda a principios básicos de la Justicia como la independencia y la objetividad e imponiendo sus obsesiones patológicas que respaldan, en la práctica, miméticamente las tesis del PP".
En este contexto, señaló que es necesario reflexionar sobre "qué podemos aportar" las fuerzas políticas para avanzar hacia la paz y la normalización política y qué espera la sociedad vasca de los partidos.
A su entender, "la respuesta es clara: la sociedad no espera que nos quedemos con los brazos cruzados condenando únicamente la violencia o criticando la politización de la justicia", sino que, por el contrario, "espera que apostemos de verdad por las soluciones, por las alternativas, desde actitudes constructivas para avanzar hacia la paz y la normalización".
Por su parte, EB apuesta por la búsqueda de "un gran pacto" entre los gobiernos vasco y central sobre "los pilares" de la defensa de los derechos humanos y el rechazo a la violencia de ETA y el reconocimiento del derecho de la sociedad vasca a "decidir libre y democráticamente su futuro".
CONSULTA
Este acuerdo, según añadió, debe ser ratificado por el Congreso y el Parlamento vasco y refrendado en referendum por la sociedad vasca. Madrado se mostró convencido de que en la presente legislatura "habrá una consulta popular" y precisó que debe ser "abierta, plural, inclusiva y que sume y que genere consensos".
Por ello, aseguró que "esta consulta en favor de la paz y de la normalización no debe girar sobre ningún plan concreto, ni sobre el Plan Ibarretxe del nacionalismo instucional, ni sobre el Federalismo de Libre Adhesión de EB, ni sobre ningún otro plan concreto de ninguna fuerza política".
Por el contrario, consideró que debe centrarse en "un compromiso cívico con los derechos humanos", que implica el rechazo a toda expresión de violencia, y un compromiso político con el diálogo democrático" así como "el debate legítimo" sobre el reconocimiento del derecho a decidir.
El coordinador de EB expresó su convicción en que, "en este contexto, esta propuesta genera "ilusión y consenso social y político", además de "la adhesión de una buena parte de la base social y política del PSE y de Batasuna", porque "apuesta por dar la voz a la sociedad vasca para que haga público su compromiso cívico por la paz y su compromiso político en favor del reconocimiento del derecho a decidir".
"En un contexto de amenaza terrorista y de politización de la Justicia, hay que hacer propuestas que sumen y no que resten, por lo que la consulta sobre un plan concentro, un plan cerrado, un plan de parte, no es una propuesta inclusiva, sino que sería una consulta que dividiría", insistió.
Para Madrazo, tras "el fracaso del proceso de paz liderado por Zapatero", el Gobierno vasco tiene, en este momento, "la obligación política y ética de liderar el proceso de paz y de normalización política". A su entender, "una de las claves del fracaso" del proceso es que se ha desarrollado "en la clandestinidad, en reuniones secretas" y "de espaldas a la sociedad vasca". Por ello, instó a "aprender de los errores" y reconocer que el proceso de paz y normalizción "se tiene que construir dando la voz y la palabra a la sociedad vasca".
En este sentido, advirtió de que, "cuando descansan exclusivamente sobre los partidos políticos, estamos viendo que estos procesos normalmente fracasan porque muchas veces priman sus intereses partidistas por encima del bien común". Por esta causa, instó a poner en marcha "para un nuevo tiempo" iniciativas nuevas sin repetir "miméticamente" las anteriores como si se estuviese "ante la segunda parte de un partido".
"El nuevo porceso político en favor de la pacificación y la normalización no debe descansar y pivotar sobre proyectos de estatutos cerrados o de parte, sea el llamado Plan ibarretxe, el federaclismo de libre adhesión, la Constitución española o el Estatuto de Gernika", dijo.
"CLAVE"
Madrazo se mostró convencido de que la "clave" para la normalización política "pasa por logra un pacto plural, amplio y trasversal entre todas las sentibilidades políticas" sobre el derecho a decidir, "su reconocimiento, su incorporación al ordenamiento jurídico y político y sobre su ejercicio mediante consulta popular".
El derecho a decidir es, según sus palabras, "es el punto de encuentro frente a los que defienden posiciones extremas" como la Constitucón española, "que niega el derecho a decidir" o la autodeterminación "en estado puro y como un trágala" y con una consulta única sobre "independencia sí o independencia no".
Frente a ello, EB defiende la necesidad de incorporar al actual Estatuto de autonomía, "vía reforma" una nueva disposición que recoja y regule el derecho a decidir de la sociedad vasca "para que no vuelva a suceder lo que ocurrió el 1 de febrero de 2005, que las Cortes Generales den de nuevo un portazo a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca expresada en el Parlamento".
"Con el derecho a decidir, cuando la sociedad vasca se pronuncie en referéndum sobre una determinada reforma del estatuto, aprobada en el Parlamento vasco, el Estado tendrá la obligación de negociar dicha reforma", señaló.
Aclaró que, cuando "la izquierda" habla de derecho a decidir, se refiere a la capacidad de la sociedad vasca para "pronunciarse en consultas vinculantes, no sólo sobre la reforma del estatuto, sino también sobre cuestiones sciales o medioambientales relevantes que afactan al conjunto de la sociedad vasca".
