MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid rechazó hoy en la resolución de las cuestiones previas, las peticiones formuladas ayer por las defensas de Alberto Cortina y Alberto Alcocer y decidió continuar juzgando a los empresarios por la presunta falsificación de una carta para incriminar a sus socios en Urbanor y conseguir la absolución de su condena por estafa.
El tribunal, formado por Ángeles Acevedo Frías, María Teresa García Quesada y Ana Mercedes Del Molino Romera, rechazó la inexistencia de estafa procesal por la absolución por prescripción dictada por el Tribunal Constitucional en febrero de 2008 y acogida posteriormente por el Tribunal Supremo en junio de 2008.
Las magistradas consideraron que no se ha producido ninguna vulneración de los derechos fundamentales de Alcocer y Cortina en el proceso y recordó que esto ya fue rechazado por el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, que instruyó la causa, y posteriormente por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid en el auto de 26 de julio de 2008, que resolvió el recurso de apelación presentado por los empresarios.
Asimismo, las magistradas rechazaron la prescripción del delito, por haber pasado más de tres años del delito, contando con la fecha de 2 de octubre de 2000 que figura en la presunta carta falsa, al considerar que la fecha a contar sería la del momento en la que se cometió el delito. La acusaciones particulares sitúan este momento en el 9 de abril de 2003, momento en el que aparece la misiva. que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de 'los Albertos'
Por último, el tribunal se eximió de decidir si rechazaba o no la circunstancia de agravante del delito alegando que será una cuestión que pedirán las acusaciones particulares durante el juicio y en los escritos finales de calificación.
El juicio continuará con las declaraciones de los siete acusados de urdir presuntamente entre el 14 de marzo y el 9 de abril de 2003 un plan para demostrar que los socios de 'los Albertos' en Urbanor conocían la existencia de dos precios, denunciarlo ante la Justicia, y conseguir la revisión de la condena ante el Tribunal Supremo.
