El Congreso retrasa por segunda semana el inicio del trámite ante una norma que llega al Congreso sin apoyos claros
MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El PSOE da por sentado que la Ley de Economía Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo, no completará todo su trámite parlamentario antes del verano, tal y como pretendía inicialmente el Ejecutivo, sino que su entrada en vigor se retrasará al menos hasta los últimos meses de 2010, según informaron a Europa Press fuentes socialistas.
Precisamente hoy la Mesa del Congreso de los Diputados decidió prorrogar por segunda semana consecutiva el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de Ley, que el grupo que da soporte al Gobierno espera, eso sí, poder remitir al Senado coincidiendo con el fin del actual periodo de sesiones, a finales de junio.
De esta forma, la norma arrancaría su trámite en la Cámara Alta en otoño, con lo que el tramo final de su debate coincidiría con el inicio del de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, que el Ejecutivo entregará al Congreso a finales de septiembre.
INICIATIVA ESTRELLA
El retraso en la aprobación del proyecto de la considerada como ley "estrella" del Ejecutivo socialista contra la crisis, que llegó a ser objeto de un Consejo de Ministros extraordinario en agosto de 2009 y cuya aprobación se pronosticó después para el pasado febrero, se explica por la necesidad de consensuar el texto con los múltiples organismos y sectores afectados.
Así, el texto aprobado finalmente por el Gobierno en un Consejo extraordinario celebrado el 19 de marzo en Sevilla incorporó un gran número de aportaciones realizadas en la fase de consulta pública por multitud de organismos y entidades de la sociedad civil, desde agentes sociales, hasta Comunidades Autónomas y Entes Locales, pasando por una amplísima relación de órganos consultivos, y en especial el Consejo de Estado.
Además, la norma tardó todavía varios días en entrar en el Registro del Congreso de los Diputados. En este tiempo, los esfuerzos de los grupos se desviaron hacia el conocido como 'decreto de Zurbano', fruto de la negociación entre el Gobierno y el resto de las fuerzas políticas, y que incorpora varias de las medidas avanzadas en la conocida como Estrategia de Economía Sostenible.
Sin embargo, los grupos de la oposición consideran "muy insuficiente" la futura norma, que previsiblemente recibirá una enmienda a la totalidad por parte de PP y de UPyD, mientras que un apoyo global de las minorías de la izquierda parlamentaria es "difícil", según admiten los socialistas, que buscarán el acuerdos con CiU y PNV para una tramitación cómoda.
No obstante, los nacionalistas vascos son reacios a facilitar las cosas al Gobierno, tras la polémica por la supresión de los blindajes empresariales, que a su juicio perjudica a empresas con gran presencia en el País Vasco, como Iberdrola, y ya han avisado que exigirán contrapartidas directos para el País Vasco a cambio, como ya hicieron en los Presupuestos del presente año.
MODIFICARLA "A FONDO"
En cualquier caso, todos los grupos tiene la firme intención de "modificar a fondo" la norma que el Gobierno quiere tramitar con el "máximo consenso", según ha reiterado el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre los principales ejes de la norma, se encuentran la mejora del entorno económico, que concentra las reformas en el sector público que se orientan a garantizar un entorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de las empresas y la economía españolas. Como aspectos más destacados, se regula el principio de buenas prácticas en las administraciones públicas y se establece la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas.
Aborda también la reforma de los organismos reguladores de carácter económico; incluye medidas de reforma del mercado financiero, con la reforma de la Ley del Mercado de Valores; contiene medidas de reforma de los mercados de seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los asegurados y fomentar el desarrollo de la actividad económica en este sector; fomenta la disciplina presupuestaria de las entidades locales, estableciendo controles periódicos de la ejecución presupuestaria.
