Entesa pide ampliar la información que deben hacer pública las administraciones e incluir las comunicaciones internas

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Entesa Catalana de Progrés ha presentado 95 enmiendas a la Ley de Transparencia en el Senado con las que plantea, entre otras cosas, que se amplíe la información que deben hacer pública las administraciones y entidades sujetas a esta norma y que se puedan conocer también las comunicaciones y documentos internos entre órganos o entidades administrativas. Además, ICV, componente del grupo junto al PSC, ha presentado un veto a la ley.

La Entesa ha presentado un grupo de enmiendas para extender el alcance de lo que se denomina en la ley publicidad activa, aquella información que las instituciones deben dar a conocer sin esperar a que nadie se lo solicite. Es decir, que todos los documentos y contenidos serían publicados salvo en algunos casos, como los ya previstos para información que afecte, por ejemplo, a la seguridad nacional o a la propiedad intelectual.

El grupo pide también que se puedan conocer las comunicaciones y documentos internos porque "pueden tener carácter relevante en el proceso de toma de decisiones que afecten a la ciudadanía" y por tanto "no deberían ser excluidos de las solicitudes de acceso a la información pública".

La Entesa propone igualmente cambios con respecto al Consejo de la Transparencia, para que dependa del Ministerio de la Presidencia y para que el presidente sea nombrado por las Cortes Generales. Y reclama además que sus miembros no sean representantes de la administración o entidades públicas, sino que representen a la sociedad civil.

Por otro lado, el grupo catalán pide que se publiquen los documentos en todas las lenguas cooficiales y que se incluya una disposición adicional para obligar al Gobierno a regular la actividad de los 'lobbys'.

VETO DE ICV

ICV ha registrado un veto al proyecto. Para los senadores Joan Saura y Jordi Guillot este proyecto nace "desenfocado" y en su conjunto "hace imposible que se cumplan los propios objetivos que se fija".

Consideran además que ignora "el carácter de derecho fundamental del derecho de acceso a la información pública" y la regulación que se plantea "ni siquiera alcanza los estándares internacionales mínimos en la materia".