BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Justicia, Montserrat Tura, prometió hoy "valentía" y "firmeza", aunque también "prudencia", para defender ante el Gobierno central el desarrollo de las competencias que el Estatut prevé en materia de Justicia.
Tura, que compareció hoy en la comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana del Parlament y explicó sus proyectos para esta legislatura, afirmó que "intentaremos ser valientes y prudentes, aunque firmes, para defender lo que nos corresponde" ante el Gobierno.
"Y si eso quiere decir ser osados, lo seremos", añadió la consellera, quien destacó "la necesidad de sumar esfuerzos para hacer posible el desarrollo estatutario que nos lleve al nuevo escenario descrito por el Estatut".
La consellera pidió que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial "guarde concordancia" con lo que contempla en Estatut en su Título III porque "es legítimo" y que incorpore, entre otras cuestiones, la gestión del personal de la administración de justicia por parte de la Generalitat y la creación de los consejos autonómicos de justicia.
Tura, sin embargo, señaló que es consciente de que estas peticiones planteadas al Ministerio de Justicia son sólo "un primer escalón" y advirtió de que las reformas previstas en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial "no alcanzan el horizonte que asume el Estatut, que es irrenunciable".
Respecto a los proyectos de la Conselleria de Justicia para esta legislatura, Tura volvió a hacer referencia a la masificación que sufren las cárceles catalanas y señaló que no se alcanzará la densidad "querida y deseada" hasta 2011, con la puesta en marcha de los nuevos centros penitenciarios previstos en el Plan Director de Equipamientos Penitenciarios.
El funcionamiento de los nuevos centros, según Tura, requiere también un incremento de plantilla y, por ello, de aquí a 2011 se incorporarán unos 2.000 funcionarios penitenciarios, un personal que la consellera cree que es necesario "prestigiar socialmente" y que debe "mejorar su formación".
La titular de Justicia, por otra parte, anunció hoy la voluntad de su departamento de incorporar a los trabajos remunerados al 70% de la población reclusa que cumple los requisitos para ello, lo que supone que 3.000 presos tendrán un oficio, 1.000 más que en la actualidad.
PROGRAMA DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS.
En lo que respecta a la atención a las víctimas de delitos, Tura anunció la creación de un programa de apoyo para ellas que abarcará desde la denuncia de los hechos hasta la finalización del seguimiento de la condena, en caso de que la haya.
El programa contará con el apoyo profesional necesario para la minimización de las secuelas que pueden padecer las víctimas y, según la consellera, el borrador en el que trabaja Justicia prevé la participación de asociaciones de víctimas y voluntarios de apoyo.
La consellera también habló de la implantación de la nueva oficina judicial, que supondrá la modernización de los trámites judiciales y que el departamento espera que empiece a funcionar a finales de este año en Lleida, donde todos los órganos judiciales están integrados en un único edificio.
Tura explicó que la oficina judicial se implantará progresivamente en el resto de Cataluña, para lo cual será necesario aprobar un nuevo decreto autonómico, aunque admitió que "no podemos afirmar que se implantará en su totalidad y con profundidad en todos los órganos jurisdiccionales".
Según la consellera, "538 órganos judiciales en Cataluña y sus respectivas dinámicas propias no se cambian en pocas semanas", aunque a día de hoy es posible afirmar "que en todos los partidos judiciales que tengan órganos suficientes se organizarán los servicios comunes, como primer paso para la implantación de la oficina".
Otra de las grandes propuestas de este mandato es la creación de la Agencia Catalana de Ejecución Penal en la Comunidad, una institución con personalidad jurídica propia que se debatirá en el Parlament, ya que la intención de la Conselleria de Justicia es crearla por ley.
La voluntad del departamento es dotar de instrumentos económicos y materiales y de recursos humanos especializados dicho organismo para actuar "con eficacia y agilidad" en los procesos del medio comunitario, así como incluir en él las medidas penales alternativas para poder concretar con los operadores públicos y privados los programas que ayuden en esta política.
