MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El nombramiento de Francisco Caamaño como ministro de Justicia ha afectado también a las negociaciones para la reforma de Castilla-La Mancha, ya que era el representante del Gobierno en la mesa de negociación, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias. En cualquier caso, PSOE y PP confían en retomar el diálogo la próxima semana o la siguiente, antes de que se constituya formalmente la ponencia parlamentaria encargada de discutir las enmiendas.
Caamaño, que estuvo en las negociaciones del Estatut y las demás reformas estatutarias en su condición de secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, era el interlocutor del Gobierno con el PP y ahora deberá abandonar ese papel para ocuparse del Ministerio de Justicia tras la dimisión de Mariano Fernández Bermejo.
Ese relevo, junto con el paréntesis de las elecciones vascas y gallegas del próximo domingo, ha llevado las negociaciones de la reforma del Estatuto castellanomanchego a un "compás de espera", según admiten los negociadores.
CONTACTOS DISCRETOS
En cualquier caso, el PP y el PSOE mantienen su previsión de celebrar "alguna reunión discreta" antes de que el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el socialista Alfonso Guerra, convoque en la tercera o cuarta semana de marzo la ponencia parlamentaria encargada de empezar a discutir y votar las enmiendas presentadas.
El objetivo es ir desbrozando el campo para cerrar los acuerdos sobre los cambios que se quieren introducir en el estatuto en asuntos como la financiación de la comunidad y la definición de las competencias, sobre los que PSOE y PP tenían un consenso muy trabajado, aunque en el último momento presentaron enmiendas distintas.
Mención aparte es la polémica sobre la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura, que las Cortes de Castilla-La Mancha fijaron en 2015 y que el PSOE desplazó al preámbulo para quitarle eficacia normativa, pese a lo cual el PP sigue sin aceptarlo.
EL PP INSISTE EN QUE NO QUIERE FECHAS
Arturo García Tizón, uno de los negociadores parlamentarios del PP, reiteró este mediodía a Europa Press su rechazo a incluir la fecha de caducidad del trasvase alegando que la Constitución ya deja claro que la competencia sobre el agua corresponde al Estado y no a una comunidad autónoma.
No obstante, mostró su confianza en que se pueda lograr un acuerdo con el PSOE: "No sería razonable que un Estatuto que tiene un acuerdo del 99 por ciento, no saliera por consenso por temas muy puntuales y ajenos a la materia", sentenció.
