Actualizado 01/07/2007 15:05 CET

Los Estatutos de Canarias, CyL y C-LM, para septiembre, a la espera de ser aprobados antes de disolverse las Cortes

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco son los estatutos aprobados en lo que va de legislatura y tres las reformas que se encuentran en fase de tramitación en las Cortes Generales, donde el atasco de la reforma canaria, en fase de negociación en la Comisión Constitucional, obligará a retrasar hasta después del verano el debate de la Castilla y León y Castilla La Mancha, dada la proximidad del fin del periodo de sesiones en las Cámaras.

El Estatuto canario ha estado encallado desde que en febrero fuera tomado en consideración por la Cámara Baja, donde los grupos han estado solicitando el aplazamiento del periodo de enmiendas hasta este pasado viernes.

Durante estos últimos días PP y CC, formaciones que ya han llegado a un acuerdo para gobernar en las islas y convertir a Paulino Rivero en presidente en detrimento del socialista Juan Fernando López Aguilar --que encabezaba la lista más votada--, pactaron 27 de las enmiendas presentadas ya en la Cámara Baja por los grupos y con las que persiguen, según señalaron esta semana los negociadores de la reforma, situar el texto en un marco "claramente constitucional".

Cabe destacar que los 'populares' y los nacionalistas canarios han mantenido hasta las elecciones autonómicas y municipales del pasado 27 de mayo posiciones antagónicas en lo que al Estatuto canario se refiere. De hecho, el PP fue el único partido que votó en contra del texto en el Parlamento autonómico y en la toma en consideración en el Congreso, donde, incluso, llegó a tacharlo de "nacionalsocialista".

En todo caso, la reforma estatutaria del archipiélago corre el riesgo de no completarse antes de la disolución de las Cortes Generales, según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias. Y es que el debate del texto en la Comisión Constitucional se debatirá en comisión una vez iniciado en septiembre el nuevo periodo de sesiones.

C-LM Y CYL, A LA COLA

Por su parte, la reforma del Estatuto de Castilla y León, que llegó al Congreso pactada por 'populares' y socialistas, está en fase de presentación de enmiendas parciales, después de que el pleno de la Cámara Baja tomara en consideración el pasado 17 de abril el texto que vino de la Cámara autonómica.

Mientras, en Castilla La Mancha, el Parlamento autonómico aprobó por unanimidad el pasado 29 de enero la reforma de su Estatuto de Autonomía, cuyo texto, que fue el último en llegar al Congreso, donde quedó registrado el pasado 1 de febrero, se encuentra a la espera de ser tomado en consideración en pleno.

Los plazos para aprobar estas tres reformas se van reduciendo porque si no se produce un adelanto electoral, las Cortes se disolverán en enero. El tiempo de trabajo que resta hasta entonces se reduce ya al próximo periodo de sesiones tras el verano, que tradicionalmente está centrado en los Presupuestos Generales, últimos esta vez del actual Gobierno.

CINCO ESTATUTOS APROBADOS

En esta legislatura han pasado por las Cortes y han sido aprobadas la reforma de los estatutos de Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón, por este orden. No obstante, su aprobación no ha estado exenta de polémica, como lo demuestra la interposición de diversos recursos de inconstitucionalidad entre autonomías.

El Estatuto catalán, el que más polémica ha suscitado de todos los aprobados hasta el momento, ha sido el más recurrido, puesto que además del PP y el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares (cuando gobernaba el PP) Castilla La Mancha y Andalucía, presididas estas dos últimas por socialistas, han interpuesto sendos recursos de inconstitucional ante el alto tribunal.

Por su parte, el Estatuto andaluz ha sido recurrido ante el TC por parte del Gobierno extremeño, por la gestión del Guadalquivir, y por el Ejecutivo valenciano, que considera que el texto vulnera distintos preceptos de la Carta Magna, especialmente la regulación del sistema de financiación autonómica.

BLOQUEO DE REFORMAS

En el resto de Comunidades, o bien no se ha planteado la posibilidad de reformar sus respectivos estatutos en firme o bien ha quedado bloqueada. En el primero de los casos se sitúan Madrid y Cantabria. En esta última, después de tres reformas, no se contemplaba inicialmente la necesidad de cambios. Sin embargo, a raíz del planteamiento de la modificación de sus textos estatutarios de otras autonomías, ha llegado el debate político sobre la necesidad o no de una reforma.

En Asturias, el PP bloqueó la reforma de su Estatuto la pasada legislatura, si bien se espera retomar la negociación en la nueva con el modelo del texto estatutario aragonés como ejemplo a seguir, según señaló el presidente en funciones del Principado, Vicente Álvarez Areces, que será reelegido los próximos 4 y 5 de julio en el Parlamento regional.

En Navarra, por su parte, la ponencia de autogobierno impulsada por IU fracasó en la pasada legislatura porque los grupos no llegaron a ningún acuerdo. Sin embargo, la intención es retomarla en esta legislatura. Lo mismo ocurre en La Rioja, donde también quedó paralizada una reforma que será retomada "sin prisas, pero sin pausas", según el presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, al inicio del próximo periodo de sesiones.

En la comunidad gallega, la reforma de su Estatuto quedó frustrada el pasado mes de enero, debido a que PP, PSOE y BNG no fueron capaces de alcanzar el consenso necesario para su aprobación. Tras las elecciones del 27-M, los 'populares' manifestaron su voluntad de retomar el proceso de reforma, pero socialistas y nacionalistas cerraron esta puerta y condicionaron retomar la revisión del Estatuto a que se produzca "un cambio sustancial" de la posición del PP.

De su parte, Murcia inició sin prisa la reforma de su Estatuto de Autonomía en la pasada legislatura con la creación de la Comisión Especial, pero será en esta nueva legislatura cuando se prevé que se reinicien los trabajos para su modificación.

País Vasco es, hasta el momento, la única Comunidad que ha visto rechazado su intento de reforma del Estatuto. Cabe recordar que, en febrero de 2005, el Congreso echó para atrás el plan soberanista presentado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por 313 votos en contra, 29 votos a favor y 2 abstenciones.