Estudiantes piden a la Hispalense que solicite el archivo del caso del asalto al Rectorado

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red de Apoyo Estudiantes Anti-Lou, un colectivo de profesores y la defensa de los 24 estudiantes imputados por el asalto al Rectorado de la Hispalense, que tuvo lugar en febrero de 2002 en el transcurso de unas manifestaciones contra la LOU, pidieron hoy a la Universidad que solicite el archivo y, por tanto, la libre absolución de los jóvenes tras las declaraciones del rector, Miguel Florencio, en las que "consideraba superados los hechos".

En rueda de prensa, la portavoz de la Red Candela González criticó la "actitud hipócrita de la Universidad", ya que consideró que retirarse ahora como acusación particular "es un sin sentido", porque "ha estado llevando el caso hasta el final, pues incluso realizó su escrito de acusación pidiendo el doble de pena que el fiscal, que pide un año".

Así, dijo que si "retiró la acusación porque los hechos estaban superados, debería haber solicitado la libre absolución". Por su parte uno de los letrados que ejerce la defensa de los imputados, Luis Ocaña, recordó que han solicitado el archivo y sobreseimiento libre al entender que los hechos "no tienen relevancia penal", precisando que "existen formas alternativas para paliar los daños".

Asimismo, y atendiendo a la falta de relevancia, pidió a la Universidad el sobreseimiento, aludiendo además a la "dilación indebida del proceso penal", ya que los hechos se remontan a hace cinco años. El abogado también tachó de "hipócrita" la actitud mantenida, porque ha estado presionando en todo momento en el proceso, solicitando, entre otras cosas, la práctica de pruebas". A esto añadió "la pésima instrucción del caso, empezando por la identificación de los imputados".

EL CASO EN EL TSJA

De igual modo, resaltó que en la actualidad hay aún dos recursos pendientes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra los expedientes de expulsión de la Hispalense a cinco de los 24 estudiantes imputados, "que cuando se resuelvan va a estar a punto de cumplirse, pues fueron expulsados durante cinco años, es decir hasta el curso que viene".

Por otro lado, los estudiantes y un colectivo de profesores han realizado sendos manifiestos para recabar apoyos y solicitar la absolución y la readmisión de los estudiantes. En este sentido, Vicente Manzano, profesor titular de Psicología de la Universidad, explicó que han elaborado un escrito, "que está siendo respaldado por un importante número de profesores", ya que consideran que las decisiones que se tomaron en su momento "fueron precipitadas".

Así, tachó de "insaciables a las personas que siguen empeñando en mantener las acusaciones", porque aseguró que el propio tiempo que ha pasado "es un castigo suficiente", a lo que añadió que incluso habían preparado "un acto para solicitar la retirada de la Universidad como acusación".

Por su parte, Mercedes Murillo, de la delegación de alumnos de la Facultad de Geografía e Historia, indicó que están recabando apoyos de las asambleas de alumnos de las diferentes facultades, "de aquellas en las que nos dejan montar las mesas informativas y las reuniones, porque en este sentido nos estamos viendo muy presionados". Además, los estudiantes están organizando diferentes actividades para recabar fondos para "porque nuestros compañeros se enfrentan al pago de multas muy altas".

Asimismo, criticó que las expulsiones de los estudiantes se llevaran a cabo con un Reglamento de Disciplina de 1954 "en pleno franquismo, en el que no se contempla el derecho a la presunción de inocencia del alumno", por lo que resaltó "la necesidad de unos nuevos estatutos universitarios".

LA FISCALÍA SE OPONE

Por otro lado, la Fiscalía de Sevilla ya mostró su desacuerdo al archivo del caso, ya que considera que existen pruebas que acreditan los hechos y que basándose en las mismas el fiscal elaboró su informe de acusación en el que considera que los jóvenes cometieron un delito de desórdenes públicos, un delito de daños y tres faltas de lesiones, solicitando un total de un año de prisión y una indemnización de 58.418 euros.

Según relata el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos sucedieron el 8 de febrero de 2002 sobre las 10.00 horas, cuando supuestamente un grupo de jóvenes entraron en la sede del Rectorado de la Hispalense. Una vez allí, "utilizando las palanquetas y barras que portaban, así como extintores forzaron una primera puerta, causándole grandes desperfectos", tras lo que "golpearon indiscriminadamente a los vigilantes jurados de la universidad".

El grupo continuó avanzando y fracturaron dos puertas más, y accedió al despacho del rector, "donde realizaron pintadas en la moqueta y destrozaron el entelado de la pared". Posteriormente, se dirigieron hacia la Sala de Juntas, donde estaba reunida la Junta de Gobierno de la Universidad, y "tras golpear y arrollar a los vigilantes jurados, rompieron la puerta de la sala y accedieron al interior".

Por estos hechos pide un año de prisión para cada uno de los participantes, multa de 12 meses con cuota diaria de cinco euros para cada uno, dos meses de multa con cuota diaria de cinco euros para cada acusado, y una indemnización de 58.418 euros.

Por su parte la Universidad en su escrito de acusación llegó a pedir penas de dos años de prisión, si bien días después presentó al Juzgado su retirada como acusación particular, tras lo que el rector aclaró en un informe que se hacía "por tener absolutamente superado los hechos".