MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los etarras Luis María Carrasco Aseguinolaza e Ibon Echezarreta Echaniz se negaron hoy a declarar en el juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia Nacional por la colocación de una bomba-trampa frente al cuartel de la Guardia Civil de la Comandancia de San Sebastián en Intxaurrondo, que causó lesiones a nueve guardias civiles, a tres ertzainas y a tres policías. El fiscal Miguel Ángel Carballo pide para cada uno de los acusados 320 años de prisión por quince delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y otro de estragos.
La Sección Cuarta de lo Penal comenzó hoy a celebrar la vista oral con los testimonios de varios guardias civiles que intervinieron en el atestado abierto tras la colocación de la bomba-trampa, unida a un lanzagranadas de fabricación artesanal. El juicio se reanudará mañana con la declaración de varios testigos.
En su escrito de acusación, el fiscal señala que el 11 de noviembre de 2000 los procesados activaron mediante un teléfono móvil frente al cuartel de Intxaurrondo una carga explosiva compuesta por 2 kilos de dinamita Titadyne, ubicada en el interior de una olla metálica, junto con un detonador y el sistema de iniciación
Ese mismo día, un obrero avisó a emergencias 112 tras localizar en el barrio de Herrera, en San Sebastián, dos bases de cemento, una de ellas con un tubo metálico reventado en su extremo superior y otro tubo con una granada en su parte superior. Éste último tenía unos cables de colores, dirigidos hacia un reloj-temporizador, que marcaba las 8 horas 45 minutos, todo ello envuelto con una bolsa de plástico diferente.
AGENTES LESIONADOS.
Según el fiscal, al acercarse diversos miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza para desactivar el dispositivo de iniciación de la granada, una bomba-trampa dispuesta en el interior de la base de cemento explotó resultando lesionados los agentes de diversa consideración.
'La explosión de la bomba-trampa por su composición y preparación generaba riesgos graves para la vida humana a una distancia de hasta siete metros, mientras que el riesgo era medio hasta 14 con peligro de fisuras pulmonares y leve a partir de 21 metros con riesgo de lesiones auditivas', señala el fiscal en su escrito de acusación.
