ETA.- La fiscal eleva a definitiva la pena de 22 años de cárcel para dos miembros de la banda acusados de integración

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fiscal de la Audiencia Nacional Blanca Rodríguez elevó hoy a definitiva su petición de 22 años de cárcel para cada uno de los presuntos miembros de ETA Javier Zabalo Beitia y Ainhoa Barbarín, a quienes acusa de los delitos de pertenencia a banda armada, tenencia de armas, depósito de explosivos y falsificación en documento oficial que habrían cometido entre 1998 y 2001. El juicio por estos hechos quedó hoy visto para sentencia ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia.

Antes de la inicio de la vista, los abogados defensores plantearon la excepción de cosa juzgada, alegando que sus dos patrocinados ya habían cumplido condena en Francia por un delito de asociación de malhechores, que se corresponde con el de pertenencia del que ahora le acusa la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El letrado de Barbarín dijo además que el país vecino no ha incluido la tenencia de armas y explosivos entre los motivos de extradición de su defendida, por lo que no puede ser juzgada por estos hechos.

La fiscal Rodríguez dejó al criterio de la Sala la aplicación de "cosa juzgada" solicitada por las defensas, una vez se acredite la veracidad dichos argumentos, a lo que el presidente del tribunal, Andrés Hurtado, respondió que todas estas consideraciones serán resueltas cuando se dicte la sentencia.

Ni Zabalo ni Barbarín quisieron contestar a las preguntas que tenía previsto realizarles la fiscal Rodríguez, y se limitaron a señalar, en euskera, que no iban a contestar y que no tenían "nada que ver" con las acusaciones expuestas en el informe de conclusiones de la Fiscalía.

En dicho informe, que la fiscal elevó hoy a definitivo, se señala que los acusados, que integraron a finales de 1998 el "comando Behorhuru", recibieron órdenes de los responsables del aparato militar de ETA, Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, para robar vehículos y prepararlos con la colocación de artefactos explosivos para cometer atentados.

Los coches-bomba que se les imputa son: el colocado el 26 de julio de 2001 en el aparcamiento del aeropuerto de Málaga, que fue desactivado antes de que explotara; el de 18 de agosto de 2001 en las inmediaciones del Hotel Cala Font de Salou (Tarragona) que explosionó; y el explosionado el 27 de agosto de 2001, en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas de Madrid, así como el colocado 1 de octubre de 2001 en las inmediaciones de los juzgados de Vitoria.

Por estos hechos concretos se siguen en procedimientos diferentes ante otros tribunales de la Audiencia Nacional.