ETA.- Unanimidad de los jueces en que el fallo del TEDH sobre la etarra Del Río sentará jurisprudencia en España

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varias asociaciones de jueces españoles han explicado este miércoles que la sentencia que dictará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el recurso presentado por España a favor de la 'Doctrina Parot' se referirá en concreto, teóricamente, al caso de la etarra Inés del Río, pero en la práctica también sentará jurisprudencia.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pedro Llarena, ha dicho en declaraciones a Europa Press que, "desde el punto de vista técnico, el pronunciamiento afecta exclusivamente al caso de Inés del Río", que acudió al tribunal europeo para intentar conseguir que no se le aplicase dicha doctrina. Sin embargo, ha añadido, una sentencia del TEDH "tiene vocación de extenderse a los supuestos radicalmente iguales".

Igualmente, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha explicado que Estrasburgo "marca unos criterios" sobre "cómo debe interpretarse el cumplimiento de una condena", de manera que "la jurisprudencia afecta a aquellos supuestos en los que se dé la misma situación".

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados, José Luis González Armengol, ha indicado a Europa Press que "la sentencia es aplicable al caso individual" pero, en general, "se imponen los criterios" a aquellos casos que sean similares.

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

Respecto a si las autoridades españolas cumplirán el fallo del TEDH en el caso de que este no dé la razón al Gobierno y confirme la sentencia dictada en primera instancia, Llarena ha apuntado que, si bien "no existe una obligación jurídica" para que los tribunales españoles la apliquen, "en la práctica, hasta ahora España ha asumido las resoluciones" de Estrasburgo.

Bosch se ha mostrado más contundente, al asegurar que "lo que resuelva el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vincula al Estado español" y, por lo tanto, al poder judicial. "La sentencia se deberá ejecutar", ha subrayado.

En este sentido, ha criticado la expresión "desafortunada" que ha usado este miércoles el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha indicado que las autoridades españolas tienen margen para la "ingeniería jurídica" en caso de que el TEDH no falle a su favor.

"Las resoluciones judiciales deben cumplirse", ha insistido Bosch, que considera "bastante difícil" que el Estado pueda negarse a cumplir la sentencia porque ha firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si no la acatara, perdería "toda la credibilidad internacional" y la relativa al "cumplimiento de los derechos", ha concluido.

González Armengol ha comentado que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo son "declarativas", pero hay un "compromiso de adhesión" por parte de España para "ajustar su legislación y sus pronunciamientos" a esas resoluciones. "Gustara o no gustara la decisión" que tomase el TEDH, "se imponen sus criterios", ha añadido.

POSIBLES CAMBIOS LEGISLATIVOS

Según el presidente de la APM, no es "infrecuente" que, ante la decisión de un tribunal, los Parlamentos de los Estados opten por modificar las leyes. Puesto que "las interpretaciones de los tribunales se hacen ante la ausencia de una previsión legislativa específica", el legislador puede tratar de aprobar una previsión que contemple una situación concreta para que los tribunales "adopten un posicionamiento distinto en esos casos", ha precisado.

No obstante, ha aclarado que es "difícil" que se aprueben reformas legislativas cuyo alcance tenga un efecto retroactivo en el ámbito penal que perjudique al reo. En el mismo sentido se ha expresado el portavoz de Jueces para la Democracia, que ha advertido de que las medidas legislativas serían "inconstitucionales" si, por su carácter retroactivo, se aplicase la nueva norma a personas condenadas antes de 1995, cuando se aprobó el actual Código Penal.

Bosch, por su parte, ha recalcado que, por una cuestión de "seguridad jurírica", no es "aceptable" que se cambien las leyes "de manera sobrevenida". En este sentido, el presidente de la APM se ha pronunciado a favor de la sentencia dictada en primera instancia y ha pedido que se separe "el rechazo que causan los actos de terrorismo" de "los fundamentos del Estado de Derecho".

González Armengol, en cambio, ha dicho que comparte "totalmente" la 'Doctrina Parot', que "se ajusta perfectamente al espíritu y la letra" del Convenio Europeo de Derechos Humanos y protege dichos derechos.

EL FISCAL DEL 'CASO PAROT'

El abogado Ignacio Gordillo, el fiscal que participó en el juicio contra el etarra Henri Parot --que dio nombre a la doctrina--, ha admitido que el Estado español está obligado a cumplir la sentencia de Estrasburgo, no jurídicamente, pero sí "política y moralmente".

En cuanto al alcance que tendrá la resolución, ha dicho que se refiere al caso de Inés del Río, "no a los demás", pero ha añadido que "habrá que ver la lectura que se hace". A su entender, "se está dilucidando la puesta en libertad de 77 personas, casi todas de bandas terroristas, condenadas a penas muy altas", y su posterior indemnización.

Según Gordillo, "no es que haya que aplicarlo a los 76 de golpe, de la noche a la mañana", pero "en muchos casos" se seguiría la decisión del TEDH. "Yo comprendo que por parte de Instituciones Penitenciarias y por partes judiciales se harían todos los recursos correspondientes para examinar caso por caso", ha agregado.