VALENCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La diputada autonómica en las Cortes valencianes y portavoz de EUPV, Marga Sanz, afirmó hoy que su formación "exigirá responsabilidades políticas y económicas personales a quienes provoquen la destrucción del Cabanyal".
Sanz se pronunció en estos términos, en un comunicado, en relación a la convocatoria de la Diputación Permanente de las Corts el próximo jueves para debatir la convalidación del decreto ley aprobado por el Consell el 7 de enero y que declara que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal no perjudica la protección histórica de la zona.
Para la dirigente de EUPV, la intención de aprobar este decreto "pone de manifiesto la instrumentalitzación partidaria de las Corts por parte del PP, y su vocación totalitaria". Así, acusó a los 'populares' de "no aceptar las reglas del juego del Estado de Derecho y de ponerse al margen de la legislación".
Sanz argumentó que "la destrucción del Cabanyal tendrá que llevarse por delante a los responsables públicos, quienes deberán de hacer frente con su patrimonio personal a cualquier decisión que implique una destrucción patrimonial irreversible", advirtió la diputada.
A su juicio, "el PP ha hecho patente que, una vez más, se pone al margen de la legislación". En este sentido, consideró que el caso del Cabanyal "no es el único" y citó "los boicots a la aplicación de la asignatura Educación para el Ciudadanía (EpC), o a la ampliación de la ley del aborto".
En el caso del Cabanyal, consideró que el PP "pretende legislar 'a posteriori'", lo que, a su juicio, "implica reconocer la ilegalidad que están promoviendo, intentando justificar el expolio y el ataque al patrimonio". Al respecto, reprochó que "aquellos que se autoproclaman defensores de la Constitución, ponen en cuestión todos los pilares del Estado de Derecho, negándose a acatar la decisión de los tribunales para defender los intereses de constructores o especuladores".
La portavoz de EUPV cree que "los intereses están tan claros que incluso el síndic de Comtes ha reconocido que se indemnizó de forma fraudulenta a las empresas que salieron de Cabanyal 2010". Además, señaló que tanto el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, deciden con este decreto "justificar la destrucción del patrimonio, sin acatar ni esperar la resolución definitiva de los recursos judiciales".
Así, acusó al PP de "practicar el cinismo, porque, por un lado no se cree la concepción del Estado de las autonomías, pero de otra, exige autonomía para destruir el patrimonio de los valencianos, generando un falso problema competencial para continuar apostando por la especulación y la barbarie".
