El ex jefe de la Sección Económica de Interior declara que De Justo nunca tuvo poder de decisión en fondos reservados

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 28 mayo 2007 17:24

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Sección Económica de la Secretaría de Estado para la Seguridad en 1988, Juan Antonio Mínguez, declaró hoy en el juicio del 'caso de los Maletines', que se juzga en la Audiencia Provincial de Madrid por los pagos a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez en Suiza, que Juan de Justo, el que fue secretario particular de Rafael Vera, nunca tuvo "ningún poder de decisión" sobre el dinero de los fondos reservados.

El fiscal Luis Rodríguez Sol acusa al ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, de encargar a De Justo una serie de pagos mensuales a las esposas de Amedo y Domínguez para evitar que los ex policías implicasen a miembros del Gobierno de Felipe González en la trama de los GAL. También se sientan en el banquillo de los acusados los entonces responsables del Servicio de Información Exterior y de Operaciones, respectivamente, Félix Hernando y Aníbal Machín, mientras que Amedo, Domínguez y sus esposas lo hacen como responsables civiles.

"No tenía ningún criterio de decisión. Actuaba por boca del secretario de Estado. Pongo la mano en el fuego de que nunca tuvo ningún poder de decisión sobre los fondos reservados", manifestó Mínguez en referencia a De Justo, a preguntas de la abogada Begoña Lalana, que ejerce la acusación en nombre de la Acción Popular contra los GAL.

El entonces responsable de la Gestión Económica de la Secretaría de Estado insistió en que no le constaba que De Justo hubiese entregado dinero procedente de los fondos reservados a los esposas de Amedo y Domínguez, María Ángeles Acedo y Alicia Sánchez Carrión, tal y como sostiene el fiscal.

CANTIDADES EXTRAORDINARIAS.

En el interrogatorio del fiscal, el testigo explicó que él era una de las cuatro personas que tenía firma autorizada para disponer del dinero de la cuenta corriente de los fondos reservados del Banco de España, junto con el propio Vera, De Justo y el que fue también secretario de Vera, Luis Bernardo de Quirós. Según relató, sacaba fondos de la cuenta si se lo pedía el secretario de Estado o si no había dinero en la caja fuerte, en la que normalmente había unos "15 millones de pesetas" (90.000 euros).

Preguntado sobre si era habitual disponer de cheques de 50 millones de pesetas (300.000 euros), que según el fiscal correspondió al último de los pagos a las esposas de Amedo y Domínguez, Mínguez señaló que se trataba de "una cantidad extraordinaria", en cuyos casos "se usaban maletines o carteras" para trasladar el dinero del Banco de España a la Secretaría de Estado, que se entregaba directamente a Vera o a De Justo.

"Se compraban con frecuencia maletines porque era normal que desaparecieran", apuntó el responsable de la Gestión Económica, al explicar que en muchas ocasiones cuando entregaban el dinero solicitado los maletines no se devolvían.

Asimismo, el testigo insistió ante la Sala en que existía justificación contable del dinero procedente de la cuente de los Fondos Reservados, aunque no del destino de ese dinero. "Los gastos de los fondos reservados no se justificaban nunca prácticamente", dijo.

INDICACIONES PUNTUALES.

En su declaración ante el tribunal, Luis Bernardo de Quirós, que entre 1982 a 1986 fue secretario de Vera y del ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristobal, explicó que también tenía firma autorizada en la cuenta del Banco de España.

Tras apuntar que no podía disponer del dinero por propia iniciativa, De Quiros relató que "había indicaciones puntuales e instrucciones para librar fondos periódicamente" por parte del secretario de Estado para la Seguridad.

En la sesión de hoy del juicio, que se reanudará el próximo 15 de junio, también comparecieron Alfonso Ignacio Yago Aranda y Jesús Barroso Corrales, que por aquellos años trabajaban en el Banco de España, quienes indicaron que había "ventanillas para grandes pagos" para atender a entidades bancarias y a organismos públicos, como a la Secretaria de Estado para la Seguridad.

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