MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El que fuera secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno del PP Francisco Martínez ha recurrido su imputación en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño. Pide anular la resolución del juez que le citaba como investigado y el archivo de la causa dado que han transcurrido más de 10 años de los hechos investigados.
En un escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, apunta que ni la acusación particular de Gómez de Liaño explicó en su petición de citación si Martínez debía comparecer en calidad de testigo o de investigado, ni la Fiscalía detalló qué concreto delito del Código Penal le debe ser imputado.
Advierte, al hilo, de que en esta pieza concreta del 'caso Villarejo', la 36, "se dilucidan cuestiones acaecidas hace más de 10 años" y lamenta que el auto del juez Manuel García Castellón "copie literalmente" y "palabra por palabra" el escrito del fiscal y por tanto incurra en el mismo error de no detallar delito alguno.
"Por mucho que las calificaciones jurídicas puedan ir evolucionando a lo largo del procedimiento, en función de las pruebas que se practiquen, la diferencia entre un procedimiento jurisdiccional y otros fenómenos como tertulias o debates radica en que el proceso está encaminado a acreditar la concurrencia de un delito", critica la defensa de Martínez.
CHISCO O CHOCO
Apunta, además, que según sostiene el juez en su resolución "ningún testigo o investigado ha avalado la intervención" de Martínez en los hechos y que su declaración como investigado se sustenta "en unos apuntes de una agenda" localizada al comisario José Manuel Villarejo en la que se supone que se refiere al ex 'número dos' de Interior como 'Chisco'. "Cuando en la Pieza 7 o Kitchen Policía y Fiscalía le refieren como 'Choco', no habiendo llamado nadie, jamás, 'Chisco' a Martínez y tampoco 'Choco'", detalla.
Así, subraya la defensa que "no se puede investigar penalmente a una persona en un país supuestamente serio (...), sobre unos apuntes telegráficos, solo palabras sueltas, de una agenda en la que no se refieren nominalmente al individuo supuestamente infractor, y máxime cuando el señor Villarejo no lo ha mencionado en ningún momento cuando declaró en esta misma pieza como testigo".
En este sentido, la defensa plantea que no entiende cómo puede ser citado Martínez como imputado y Villarejo como testigo "cuando, se supone por mera lógica interna, que habría participado junto a Martínez en lo que sea que le quieran imputar". Y tampoco ve lógico que la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal haya declarado como testigo y en cambio Martínez lo haga como investigado.
A esto suma que si García Castellón, en piezas como la 7 ('operación Kitchen'), ha considerado insuficiente como indicio grabaciones troceadas, "con mayor motivo deberían calificarse como insuficientes unos indicios que consisten en garabatos manuscritos".
PRESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
Por último, el escrito hace referencia a la prescripción de los hechos dado que ya han pasado más de 10 años, y eso que, advierte, ni siquiera se especifica el delito que se le imputa. "En el informe del Ministerio Fiscal, se concretan hechos del 7 de octubre de 2013, siendo lo demás un supuesto agotamiento del supuesto delito que se supone pudiera haber cometido por el señor Martínez", añade.
Al hilo, explica que no es lo mismo sostener Martínez planificara el delito a que "fuese informado de algo que hizo la Policía Nacional por su cuenta". Y recalca que niegan expresamente "cualquier conocimiento" de los hechos por parte del ex secretario de Estado.
Cabe recordar que fue la pasada semana cuando el juez acordó citar como investigados tanto a Martínez como al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. En el auto explicaba que lo hacía en base a los elementos de cargo "derivados de las denominadas agendas del investigado José Manuel Villarejo Pérez".
En ese mismo auto, rechazó citar al que fuera director de la Policía Ignacio Cosidó y al abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset porque ninguna de las declaraciones practicadas a lo largo de la instrucción y ninguno de los documentos aportados al procedimiento ha puesto de relieve algún tipo de conexión.
EL ORIGEN DE LA CAUSA: MARBELLA
Esta investigación se enmarca en la pieza separada número 36 del 'caso Villarejo', que se abrió para investigar las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el exmagistrado para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama 'Gürtel'. Y que se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Marbella, acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner.
A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en la que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.
Dichos archivos de audio, indicaba un auto de la Sala de lo Penal, "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido como 'Gürtel', Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario".
El juzgado de Marbella ofició a la Policía para que emitiera un informe e identificara a los tres interlocutores en los cuatro archivos de audio remitidos a la dirección de 'email' de Gómez de Liaño, tratándose de José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro.
En el mismo informe policial, se ponía de manifiesto información relativa a Halit Sahitaj, en cuya vivienda se encontraron los audios, "concretada en anotaciones realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo relativas a supuestos pagos recibidos por Gómez de Liaño que podrían resultar comprometedores --a los cuales, además, se hace referencia en los cuatro archivos de audio a fin de utilizarlos como elementos de presión--".
LAS ANOTACIONES
"Asimismo, se pusieron de manifiesto gestiones realizadas en 2014 por el propio José Manuel Villarejo con Halit Sahitaj para obtener información sobre dichos supuestos pagos", recogía la Sala, que apuntaba que esas gestiones habrían sido referidas también por el comisario al ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez --imputado en 'Kitchen'--.
El magistrado, por su parte, indicaba en el auto por el que imputaba al ex 'número dos' de Interior que si bien "hasta ahora ninguna de las personas que ha declarado en la causa (...) ha avalado la intervención de Francisco Martínez en los hechos, (...) lo cierto es que sí constan diferentes anotaciones en las denominadas agendas del investigado José Manuel Villarejo Pérez que sí hacen expresa referencia a Javier Gómez de Liaño, pudiendo revelar actuaciones llevadas a cabo sobre el mismo con relación a eventuales pagos opacos recibidos de Kalasov al tiempo en que ejercía como letrado defensor de Luis Bárcenas Gutiérrez en el conocido como caso Gürtel".
"De estas actuaciones sobre Javier Gómez de Liaño se habría dado cuenta a Francisco Martínez, a la sazón Secretario de Estado de Interior, y a Eugenio Pino, director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, según revelan las anotaciones plasmadas por el investigado José Manuel Villarejo", apuntaba para señalar que se hacían hasta ocho menciones a Martínez en las agendas en relación a Kalasov.
