Exdiputados del PP exigen a Sánchez corregir la "infamia" contra su partido de la ley que deroga la cárcel para piquetes

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de exdiputados del PP, con el que fuera presidente del Congreso Jesús Posada a la cabeza, han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le exigen que retire la "infamia" contra su partido recogida en la ley que deroga la pena de cárcel a los piquetes informativos por coacción a la huelga.

La semana pasada, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley Orgánica que deroga el artículo 315.3 del Código Penal que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy para castigar con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen a otros trabajadores a seguir una huelga. Se trata de una ley promovida por el PSOE al inicio de la legislatura --e incluida en su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos-- que el Senado aprobó definitivamente el pasado 14 de abril.

El Preámbulo de dicha ley, el mismo que redactó el PSOE cuando la presentó en el Congreso, incluye un párrafo que los exdiputados 'populares' que firman la misiva a Sánchez aseguran que no van a consentir por suponer "una falsedad y una ofensa inaceptables" y "sin precedente" en la tradición legislativa española.

En concreto, se refieren a éste: "Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno".

SE SIENTEN "INJURIADOS"

Los exparlamentarios del PP aseguran sentirse "profundamente injuriados e indignados" con esta acusación que supone, a su juicio, "la más grave de las ofensas" porque "en todo momento" ellos y ellas han respetado el juramento que hicieron de defender la Constitución y el sistema de libertades que ésta ampara.

Los firmantes, entre los que se encuentran los exministros Alfonso Alonso y Juan Carlos Aparicio y los exdiputados Eugenio Nasarre, Teófila Martínez, Arturo García Tizón o Leopoldo Barreda, recuerdan que el reproche penal de la coacción al ejercicio del derecho al trabajo estaba ya contemplado en el Código de 1995 (el "Código Belloch") pero que la "falsedad" de la acusación se ve agravada por el hecho "sin precedentes" de que tal valoración se incorpore a un texto normativo del máximo rango, como es una ley orgánica.

"El salto que ha dado su Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta rompe todas las reglas y convenciones que nos hemos dado desde la Transición y, de no corregirse, tiene consecuencias de suma gravedad", avisan los firmantes en la carta remitida a Sánchez a la que tuvo acceso Europa Press.

Sostienen que en toda democracia las mayorías parlamentarias que se configuran tras las elecciones pueden legítimamente cambiar las normas promovidas por mayorías de otro signo político porque eso forma parte "de la sana alternancia en una democracia pluralista".

Pero también recalcan que el sistema democrático reclama "ámbitos de entendimiento" de los partidos "leales" a la Constitución tanto para el correcto funcionamiento de las instituciones como para la defensa de los intereses superiores de España. De hecho, apuntan que la Constitución así lo determina al prever mayorías reforzadas en determinados asuntos relevantes.

ESTO NO PUEDE PASARSE POR ALTO

Los exparlamentarios defienden que la alternancia y el entendimiento son "indispensables" para una democracia madura, lo que, a su entender, exige "la debida contención por los sujetos políticos". Por ello, insisten en que la "gravísima" acusación de "liberticida" efectuada por los socialistas contra el Gobierno del PP y que está "estampada" en el BOE con la firma del Rey, "no puede pasarse por alto y tiene que ser reparada".

"Y no hay otra forma para ello que la aprobación por las Cortes Generales de la eliminación del Preámbulo de la mencionada ley, en los términos en que está redactado", sugieren los exdiputados del PP. "La infamia no debe tener cabida en nuestra vida política ni en nuestro sistema de convivencia", proclaman.