MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La asociación de Consumidores Facua ha calificado este luens extremadamente grave que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareciera en el Congreso de los Diputados a finales de agosto para explicar el enorme agujero de seguridad de LexNet - sistema informático obligatorio para la entrega de documentos a los juzgados- y ocultara la existencia de más de 400 descargas ilegales de datos altamente sensibles y secretos de los ciudadanos, a pesar de saber de ellas desde un mes antes.
Por ello, pide al ministro que identifique a los afectados por el acceso a sus datos de forma ilegal y se dirija a estos para que si hubieran padecido alguna clase de daño por el acceso de terceros a esa información altamente sensible de sus procesos judiciales, puedan ejercer su derecho a tomar medidas legales contra el Ejecutivo.
En su explicación el 31 de agosto, Catalá tan sólo desgranó que 49 usuarios de esa plataforma telemática para las comunicaciones en el sistema judicial lograron entrar en los buzones de sus compañeros, en los que los abogados y procuradores reciben documentos judiciales.
Sin embargo, Catalá 'olvidó' contar que el sistema de auditoría de la plataforma había detectado también que aprovechando el fallo de seguridad, algunos usuarios habían descargado ilegalmente ciertos documentos judiciales con información confidencial. En concreto, como informa eldiario.es, se trata de 432 descargas.
Una semana más tarde, en una reunión privada con representantes de colectivos judiciales, el ministro sí reconoció que se habían producido ese número de descargas y elevó el número de accesos ilegales de 49 a 73, tanto de abogados como de procuradores y graduados sociales.
Entre los asistentes a la reunión se encontraban la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Javier San Martín, y el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, quien reunió las declaraciones en un documento que distribuyó entre su colectivo, según señala la asociación de consumidores.
Con sólo cambiar el ID que le identifica, cualquier abogado o procurador podía publicar y acceder a todo tipo de documentos en causas ajenas así como notificar o borrar cualquier sentencia de la Administración de Justicia, según Facua, que califica lo ocurrido de "escándalo de enormes dimensiones".
