MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira ha confirmado las fianzas establecidas para el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y para el ex consejero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Boadilla del Monte Tomás Martín.
Según revela el sumario del caso Gürtel, Ortega deberá abonar 300.000 euros de fianza, mientras que Martín deberá hacer frente a un pago de 1,5 millones de euros, después de que Pedreira haya desestimado los recursos de reforma presentados.
Martín fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Getafe entre 1999 y 2003, asesor en el Consistorio de Arganda entre 1998 y 1999 y en 2000 pasó la EMVS de Boadilla, donde fue vicepresidente de la misma y gerente.
Según el auto, existen numerosos indicios sobre la participación de ambos en la trama organizada por Francisco Correa en los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Este camino sigue un recorrido similar, es decir, la estructura de relaciones que configura en el municipio y que le permiten desarrollar sus propios proyectos a conveniencia la traslada a otro, incluso contando con las mismas personas.
Así, en Arganda del Rey consigue los favores del entonces alcalde Ginés López así como de Benjamín Martín Vasco, que ocupaba la dirección de la empresadedicada a la promoción del suelo urbano. También cuenta con la participación de Tomás Martín Morales, con despacho en la Alcaldía.
Por su parte, en Majadahonda obtiene la confianza del alcalde, a la sazón Guillermo Ortega, y de dos concejales, Juan José Moreno y José Luis Peñas. En Pozuelo de Alarcón obtiene la Alcaldía una persona de su confianza en el partido y con el que ya ha trabajado, Jesús Sepúlveda, y consigue los favores de la concejala de obras Yolanda Estrada.
Según explica el juez, las denuncias de irregularidades en la adjudicación de parcelas y en el modo de venta del suelo municipal mediante permutas en condiciones desfavorables para los intereses de la propia administración precipitan la salida del alcalde y de los concejales del Ayuntamiento de Majadahonda, obteniendo la Alcaldía una persona que representa otra facción del partido con enemistad con Francisco Correa y su entorno.
PERSONAS DE CONFIANZA
De esta forma, el cabecilla de la red traslada su centro de actuación al Ayuntamiento de Boadilla, donde coloca a personas de su confianza en puestos clave como es el caso, de nuevo, de Tomás Martín, que ocupará el cargo de asesor del alcalde y posteriormente el de vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo, y al diputado Alfonso Bosch como gerente de esta empresa. "El alcalde Arturo González es controlado también por Francisco Correa", añade el auto.
Pedreira señala que con la obtención de trabajos en los ayuntamientos controlados para sus empresas, el cabecilla de la trama Gürtel consigue "incrementos notables en el volumen de negocio" de sus empresas. Otra de sus formas de actuar era desplazando a las empresas preexistentes, de modo que crea una situación próxima al monopolio en la que una compañía acapara la mayor parte de las actuaciones en organización de eventos.
El trabajo de Correa coincide en estas fechas con un periodo en el que el sector de la construcción se encuentra en pleno desarrollo y alcanza niveles de actividad muy elevados, de modo que generan "elevadas plusvalías merced de la propia dinámica del sector con fuerte contenido especulativo".
El líder de la trama Gürtel aprovechó esta situación para ejercer control sobre Arganda, Boadilla o Majadahonda, donde el precio del suelo es de los más elevados de la región. El juez entiende que de este modo configuró "un escenario de altas rentabilidades para las empresas del sector que realizan proyectos" en estos municipios.
"Correa diseña una estrategia de captación de negocio urbanístico de los ayuntamientos que controla encargándose de gestionar la búsqueda de empresas capaces de ejecutar los proyectos con las calificaciones requeridas y con los requerimientos de solvencia estipulados. Una vez obtenida la empresa interesada en el negocio se acuerda una comisión a repartir entre los participantes integrada por los responsables políticos y él mismo", explica el magistrado.
TÁCTICAS DE ORGANIZACIONES CRIMINALES
La estrategia de Correa pasaba por presentarse a concursos que siempre ganaban sus empresas, como fue el caso de la adjudicación de una parcela de Boadilla a la compañía UFC, cuyo administrador es José Luis Ulibarri.
En este caso concreto, la Policía judicial determina que la red Gürtel "adopta tácticas propias de las organizaciones criminales", como es la grabación de un vídeo en el que se ve cómo el alcalde del municipio y otro concejal se reparten el dinero de la comisión, unas imágenes que sirven a Correa "como herramienta de presión" para obtener resoluciones favorables hacia sus intereses.
El juez recuerda que los cambios dentro del PP provocaron un cambio de tendencia en la forma de actuar e hizo que el partido se desvinculara de las empresas de Correa. Por eso, la red se trasladó a Valencia bajo la dirección de Álvaro Pérez, "con buenas relaciones con las personas que ocupan cargos de responsabilidad en el partido y en los órganos de gobierno de la Generalitat".
