Publicado 24/07/2020 12:24:52 +02:00CET

El fiscal alega que los exmiembros de la Mesa llevaron "la desobediencia hasta el extremo final"

Juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, en Barcelona el 21 de julio de 2020.
Juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, en Barcelona el 21 de julio de 2020. - POOL

Asegura que los diputados no estaban amparados por la inviolabilidad al desoír al TC

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, Pedro Ariche, ha considerado en el juicio a los exmiembros de la Mesa del Parlament que los acusados "anunciaron su desobediencia y ejecutaron la desobediencia y llevaron la desobediencia hasta el extremo final", ha valorado, en alusión al pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017 donde se aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.

En su informe final durante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un delito continuado de desobediencia, Ariche ha argumentado que Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó (JxSí), Anna Simó (ERC) y a la exdiputada Mireia Boya (CUP) idearon y crearon un plan para usar, tramitar y facilitar la aprobación "de resoluciones y leyes abiertamente inconstitucionales".

El fiscal ha defendido que los acusados en su momento "renunciaron al diálogo en favor de la unilateralidad, renunciaron al diálogo en favor de la ruptura con la legalidad estatal y con la legalidad propia de Cataluña".

"Los acusados, en lugar de dar cumplimiento a un mandato judicial, justamente lo han quebrado. Su conducta no se halla amparada en la inviolabilidad parlamentaria", que no protege frente a actos de desatención de lo resuelto por el TC, ha insistido.

Para Ariche, "el equilibrio que impone la separación de poderes no es ajeno a la existencia de límites en el ejercicio de esos poderes", ya que a su entender el poder judicial no es ilimitado como no lo es el ejecutivo ni el legislativo.

En su intervención, Ariche ha citado el programa electoral de JxSí, que contenía una "frase inquietante" al referirse a que no podía haber diálogo con el Gobierno de Mariano Rajoy porque lo condicionaba al cumplimiento de la ley.

Ha considerado que "cuanto menos no es afortunado" condicionar que no puede haber diálogo porque una de las partes quiere respetar la legalidad.

El fiscal ha destacado que los acusados, en cuanto miembros de la Mesa del Parlament, estaban obligados al cumplimiento de la legalidad: "No de la legalidad constitucional propiamente dicha, que también, sino incluso de la legalidad estatutaria que refiere el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña".

Sin embargo, prosigue, permitieron presentar y tramitar leyes y resoluciones independentistas desde la Mesa del Parlament, ignorando las advertencias e informes de los letrados y rechazando las propuestas de reconsideración de la oposición.

Ha rechazado el argumento de los acusados de que no podían entrar en el fondo de las iniciativas al tramitarlas en la Mesa porque hacen una "interpretación sesgada" del artículo 37 del Reglamento, que regula la función esencial de la calificación y admisión, ya que según él eran conscientes del mandato del Tribunal Constitucional.

"Ha quedado claro en el juicio que lo que no se admite por la Mesa no puede llegar al pleno", ha insistido Ariche, para argumentar el papel clave que el órgano rector tuvo a la hora de poder aprobar las leyes de desconexión y las propuestas de resolución sobre la independencia.

PLENO DE DESCONEXIÓN

Sobre el pleno del 6 y 7 de septiembre, ha dicho que se tramitaron las leyes de forma rápida por el "entendimiento pueril" de que debía hacerse todo en un día --aprobar la ley del referéndum, de transitoriedad, nombrar a la Sindicatura Electoral, entre otros trámites-- antes de la suspensión del TC, y que para ello se laminaron los derechos de la oposición.

Ha calificado de "especie de performance" la votación secreta en el pleno del Parlament de las propuestas de resolución, el día 27 de octubre de 2017, y ha constatado que de dichas propuestas la parte declarativa --que contenía la declaración de independencia y proclamación de la república-- no se votó y no tuvo ningún valor jurídico.

Sobre el papel de Corominas y Boya, en calidad de presidentes de los grupos parlamentarios de JxSí y la CUP, respectivamente, ha dicho que se les atribuye haber presentado las iniciativas que después se votaron, y que existía un previo concierto con los miembros de sus grupos: "Propiciaron la tramitación de las leyes rupturistas y demás iniciativas subsiguientes".

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