BILBAO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La vía de la mediación interjudicial ha fracasado en el caso del conflicto entre el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y SOS Racismo de Álava, que le denunció ante la Fiscalía por un supuesto delito de "incitación al odio" y contra los derechos de los extranjeros. Ahora, el fiscal superior, Juan Calparsoro, deberá decidir si archiva las diligencias o presenta querella contra Maroto ante el TSJPV.
Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, ha sido imposible un acuerdo entre el regidor de la capital alavesa y SOS Racismo que evitara la actuación judicial en este caso, que comenzó con unas declaraciones de Javier Maroto sobre los magrebíes en las que aseguró que "vivían principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse".
Ante las palabras de Maroto, que criticaba "el abuso" por parte de estos inmigrantes de las ayudas sociales y que el alcalde de Vitoria reiteró posteriormente en otras ocasiones, la ONG presentó una denuncia ante la Fiscalía vasca al considerar que el regidor "incitaba al odio" e iba contra los derechos de los extranjeros.
Juan Calparsoro incoó en verano de 2014 diligencias de investigación y llegó a citar a Javier Maroto para que explicara el sentido de sus manifestaciones, al considerar que no era "satisfactorio" el informe que había presentado al respecto el Ayuntamiento vitoriano.
El 9 de diciembre de ese año, el Fiscal Superior del País Vasco remitió las diligencias que había realizado al Servicio de Mediación Intrajudicial de Álava para buscar una solución "pacificada" al conflicto.
Maroto y SOS Racismo aceptaron, de forma voluntaria, acudir a este servicio para, con la asistencia de "un mediador neutral e imparcial", tratar de alcanzar "un espacio de encuentro" a través de la comunicación y el diálogo.
La labor se preveía dificultosa ya que, en el momento de anunciar que aceptada la mediación, el alcalde aseguró que era SOS Racismo la que debería "pedir disculpas" por "los insultos" que le había dirigido, mientras que la ONG aseguró que daría "una oportunidad" al regidor, aunque mostraba su convencimiento de que éste estaba actuando en sentido contrario a la búsqueda del "reconocimiento y reparación".
Aunque el proceso debería haber finalizado el pasado 17 de febrero, el Servicio de Mediación Intrajudicial pidió unos días más para tartar de solventar esta cuestión, sin éxito. El pasado 4 de marzo trasladó a Calparsoro que había sido imposible llegar a un acuerdo entre las partes.
El Fiscal Superior deberá decidir en próximos días si archiva las diligencias o si presenta una querella en la Sala Civil y Penal del TSJPV contra Javier Maroto (PP). El alto tribunal vasco sería el competente para dirimir este asunto, en caso de que el ministerio público se lo traslade, al ser Maroto parlamentario vasco y, por lo tanto, aforado.
