La fiscal intenta validar las escuchas de la 'Operación Vikingo' con un testimonio del Auto anulado

La Policía testifica que el 'Charlín' y el otro presunto cabecilla se comunicaban para traficar mediante SMS "en clave"

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 31 enero 2007 16:46

SANTANDER, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fiscal encargada del proceso contra 15 acusados de traficar con drogas en la denominada 'Operación Vikingo' ha presentado hoy un testimonio del Auto -de fecha del 27 de septiembre de 2005- que fue anulado por decisión de la Sala por carecer de la firma del juez, en un intento del Ministerio Público de validar todas las escuchas de los mensajes 'pinchados' relacionados con dicha autorización.

Durante la tercera jornada del juicio, la fiscal hizo entrega a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria de un testimonio que, según aseguró, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander entregó a la Policía Nacional para autorizarles a intervenir cinco teléfonos, documento que sí lleva la firma del secretario judicial.

Todos los abogados defensores rechazaron ante la Sala que se acepte el documento aportado porque, aparte de que "no es el momento procesal" para presentarlo, se conculcarían los derechos a "la defensa" de los procesados, así como a una "tutela judicial efectiva".

Uno de los letrados fue más allá al poner en duda que el testimonio "haya sido imprimido el 27 de septiembre de 2005", mientras que una letrada resaltó que el nuevo documento aportado "da fe de otro inexistente", porque fue ya anulado, con lo que se convierte en "papel mojado".

El presidente de la Sala y de la Audiencia Provincial, Javier de la Hoz, emitirá mañana, último día del juicio, su dictamen sobre si acepta o no el nuevo documento, que, en caso negativo, supondría que en la fase de sentencia el Tribunal deberá de decidir qué escuchas son válidas a efectos de pruebas y cuáles no.

Hoy testificaron diversos inspectores y agentes de la Policía Nacional adscritos al caso, quienes destacaron que Gabriel Ch.P., miembro del 'clan de los charlines', y el otro presunto cabecilla de la red, Jesús Manuel L.B., se comunicaban entre ellos por SMS (mensajes del móvil) adaptando "enormes medidas de seguridad" y utilizando expresiones "en clave".

Además, los inspectores policiales aseguraron que los dos procesados utilizaban "muchas precauciones" para que no se les relacionara con el delito con el que se les acusa -tráfico de drogas- utilizando técnicas como "no coger las llamadas", sino hacer una llamada perdida, desde una cabina, colgar y luego el otro entrar a otra cabina para llamar a su contacto a algún teléfono de un bar.

EL 'CHARLÍN' TENÍA TELÉFONO "EN LA PRISIÓN"

Dado que dichas llamadas se producían tanto de día como de noche, la defensa de Gabriel Ch.P preguntó cómo podía llamar su cliente a todas horas, si en esa fecha estaba en régimen de tercer grado en una prisión de Vigo, a lo que el inspector contestó asegurando que el 'Charlín' "tenía también teléfono en la prisión".

Según la fiscal, tanto Jesús Manuel L.B. como Gabriel Ch.P. eran los cabecillas de la trama que traficaba con cocaína procedente de Vigo, mientras que había otra línea de tráfico con hachís procedente de Cádiz. Luego, ambas sustancias se distribuían por 'menudeo' en toda Cantabria, especialmente en Santander, Astillero y Maliaño.

Durante la jornada de hoy testificaron también amigos, familiares y conocidos de varios de los acusados, uno de los cuales aseguró que un procesado de formar parte de la red que traficaba con droga proveniente de Andalucía, Alejandro M.Q., era "consumidor de hachís desde que hicimos la primera comunión", para certificar su adición a las drogas, lo que luego refrendó un médico del SCS que le trató.

El fiscal pide una pena total de 65 años y medio de prisión para los 15 acusados, aunque las penas mayores solicitadas son para los dos presuntos cabecillas, con seis años de prisión, respectivamente, además de sendas multas de 40.000 euros.

Actualmente, Jesús Manuel L.B. y Gabriel Ch.P. son los dos únicos acusados que permanecen en prisión preventiva por esta causa, que supuso en enero de 2006 la detención de más de veinte personas y la incautación de más de 50 kilos de hachís, 30 gramos de cocaína, cerca de 55.000 euros, cinco vehículos y varias armas.

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