Los cuatro cabecillas se enfrentarán a una petición de pena de 35 años de prisión y el juicio se prolongará durante más de un mes
SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La sección Primera de la Audiencia Provincial juzgará a partir del próximo día 7 de noviembre a los 23 implicados en la 'Operación Anaconda', para los que el Ministerio Fiscal ha solicitado un total 147 años de cárcel y 4,4 millones de euros de multa. En el caso de los tres cabecillas, N.G.G., M.R.F., y B.P.H., --en prisión por estos hechos desde 2004-- la Fiscalía ha pedido 35 años de prisión, y una multa de 2,9 millones.
El juicio, que se prolongará durante más de un mes en sesiones de mañana y tarde, se celebrará en el Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). En la vista declararán más de medio centenar de testigos y una decena de peritos.
Según se recoge en el relato de los hechos de la Fiscalía, al menos desde 2003 el cabecilla y principal imputado N.G.G. se dedicaba a la venta de estupefacientes (cocaína, hachís y otras sustancias) en una amplia zona que incluía la provincia de Palencia (en las localidades de Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga, o Barruelo de Santullán), y algunos otros puntos de Cantabria.
N.G.G. se ocupaba de la adquisición de distintas partidas de estupefacientes, para lo cual se desplazaba a diferentes ciudades del territorio nacional o encargaba a alguno de los otros imputados que realizara esa tarea. En este sentido, tanto M.R.F. como B.P.H., a quienes la Fiscalía considera "hombres de confianza" de N.G.G., cooperaban con éste "con una participación intensa" en estos hechos.
Entre los compradores habituales del líder N.G.G. se hallaban su hermano, MO.G.G., y otras siete personas --JC.A.V., CJ.L.G., VM.G.S., M.K.Y., CE.G.M., EJ.A.G., y FI.T.B.-- que a su vez destinaban esas sustancias que adquirían a la venta a terceros. Además, según el Ministerio Público, a menudo suministraban al propio N.G.G. y a M.R.F. y B.P.H. estupefacientes de los que disponían por medio de otros proveedores.
Entre los inculpados igualmente están LA.M.I. y FJ.C.V., que proveían a N.G.G. de hachís, así como JM.G.B. y V.G.A., que compartían piso con M.K.Y., así como N.K.Y., hermano del anterior, que según la Fiscalía cooperaban con esta red custodiando los estupefacientes, vendiéndolos, y recaudando el importe de esas ventas.
La Fiscalía también imputa a M.D.R., JM.DLH.L., JA.A.C., A.J.G. y JA.C.M. por cooperar con otros procesados en la custodia y venta de las drogas. Asimismo, implica a FL.L.O. y M.V.F. por encargarse de entregas de las sustancias y el cobro de recaudaciones por esas partidas.
DEFENSAS.
Como parte de la 'Operación Anaconda' el Juzgado de Instrucción Número Dos de Santander concedió a la Brigada Judicial de la Policía Nacional para la intervención de conversaciones de un total de 28 números de teléfonos móvil. También se autorizaron registros en domicilios de varios inculpados --entre ellos, un garaje y dos domicilios del principal acusado N.G.G., en Aguilar de Campoo y Santander--, en los que se intervinieron más de 10 kilos de hachís y más de cuatro kilos de cocaína.
Por su parte, las defensas han solicitado la libre absolución de los imputados, salvo en el caso de B.P.H., cuya letrado reconoce la participación de su patrocinado en la venta de estupefacientes en la zona de Aguilar de Campoo.
No obstante, pide que se le apliquen como atenuantes que no contara con antecedentes y su condición de drogodependiente desde los 14 años, así como los informes de su buen comportamiento en prisión. Además, a sus ojos, en su caso no concurre la agravante de asociación ilícita pues "sólo participaba en las actividades delictivas para obtener sustancias para su propio consumo".
En este sentido, el abogado pide para B.P.H. una pena de dos años de cárcel, frente a los once de la Fiscalía y multa de 20.000 euros frente a los 900.000 requeridos por el Ministerio Público.
