MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Enrique Molina pidió hoy a la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional que condene a 8 años de prisión al miembro de ETA Asier Arzalluz Goñi por la colocación de un artefacto explosivo en la empresa Ezpeleta S.A, situada en el polígono industrial de Amorebieta (Vizcaya) en diciembre de 2001, cuya explosión causó daños materiales a varias compañías.
En sus conclusiones definitivas, el fiscal mantuvo su petición de pena para el que fue integrante del "comando K-Olaia", que se negó a declarar, por los delitos de daños terroristas y tenencia de sustancias explosivas. No obstante, planteó una calificación alternativa de 9 años de cárcel por los mismo delitos en concurso ideal, al estimar que "en un mismo acto se infringieron dos tipos penales".
Además de los 8 años de prisión, Molina solicitó que Arzalluz, que fue extraditado el 23 de noviembre de 2005 por las autoridades francesas, pague una indemnización de 24.466 euros a la empresa afectada y 67.357 euros a Erhadt y Cía, compañía situada en el mismo polígono y que también sufrió daños a consecuencia de la explosión.
En su informe, el representante del Ministerio Público basó su condena en las declaraciones policiales prestadas por el etarra condenado ya por estos hechos Gorka Martínez Arkarazo, en las que reconoció la autoría de Arzalluz en la colocación del artefacto explosivo, que estaba compuesto por cinco kilos de Titadyne.
En la vista oral, Martínez manifestó, a preguntas del fiscal, que no conocía de nada a Arzalluz y que no recordaba las citadas manifestaciones. Al concluir su declaración, Arzalluz le despidió con el puño en alto, lo que fue aplaudido y vitoreado por los familiares que se encontraban entre el público.
Entre otras condenas, la Audiencia Nacional ya ha impuesto a Arzalluz una pena de 20 años de prisión por participar en el atentado contra el diputado del PSOE Eduardo Madina, que se perpetró el 19 de febrero de 2002 en Sestao (Vizcaya), mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su automóvil.
CONTACTOS CON 'SUSPER'
Por otro lado, la fiscal María José Checa reclamó a la Sección Segunda de lo Penal una pena de 10 y 12 años de prisión para Gorka Díez de Ulzurrun, Eder Ariz y Zaine Rekondo, al considerar "suficientemente" acreditado que los tres mantuvieron encuentros con miembros de ETA para su entrada en la banda terrorista.
Mientras que Díez y Ariz se negaron a declarar tras denunciar "malos tratos", Rekondo admitió ante el tribunal que tuvo varios contactos con miembros de ETA, aunque insistió en que nunca perteneció ni colaboró con la organización terrorista.
La acusada, que se enfrenta a 10 años de cárcel, explicó que a mediados de 2002 tuvo una primera cita con un integrante de ETA, en la que le encargó el seguimiento de un empresario de Andoain. Rekondo aceptó en un primer momento colaborar, pero en una segunda cita comunicó su intención de dejar ETA.
Al ser preguntada por la fiscal sobre si la persona con la que contactó era el dirigente de ETA Ibon Fernández Iragi "Susper", la procesada contestó que "podría ser", aunque apuntó que no recordaba quién era.
Inquirida también sobre unas anotaciones con la dirección de Mikel Albizu, "Mikel Antza", Rekondo explicó que éste le remitió una carta en la que le agradecía que cada quince días le mandase un ejemplar de la revista en la que ésta colaboraba.
DECLARACIONES DE LOS ACUSADOS
Tras elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, la fiscal se refirió en su informe a las declaraciones policiales realizadas por Díez, que se enfrenta a 12 años de prisión, en las que reconoció que asistió a un entrenamiento en la localidad Francia de Suhescun, en el que miembros de ETA le enseñaron a realizar seguimientos, pasar informaciones y a manejar armas y explosivos.
Según la fiscal, al término del entrenamiento le entregaron un CD que contenía datos sobre posibles objetivos y le encargaron que se pusiera en contacto con los otros dos procesados para realizar el seguimiento.
Tanto Díez de Ulzurrum, que recibió el nombre orgánico de "Trompi" como Ariz, al que se le asignó el apelativo de "Jabalí", recabaron información, según la fiscal, sobre distintos empresarios vascos, concejales de Unión Progresista Navarra (UPN) y miembros de la Policía Municipal de Pamplona.
Además de las declaraciones, Checa aludió también a las periciales realizadas por varios guardias civiles, que manifestaron que en los registros de los domicilios y vehículos de los procesados se incautó diversa documentación de carácter incriminatorio como fichas con datos sobre los objetivos o libros sobre ETA o publicaciones internas de la banda.
