El fiscal rebaja a 2 años la pena solicitada para el último acusado en el caso 'Intelhorce'

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía y la Abogacía del Estado rebajaron ayer de cuatro a dos años la pena de prisión solicitada para el último acusado en el caso 'Intelhorce', por un delito contra la Hacienda Pública en relación a una operación de traspaso de un establecimiento, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga acogió ayer el juicio contra este acusado, uno de los cuatro para los que el Tribunal Supremo ordenó, en junio de 2004, la repetición del juicio respecto de una parte del sumario del caso 'Intelhorce'. Uno de los acusados falleció y los otros dos se conformaron con seis meses de prisión y multa de 170.393 euros.

La acusación pública le acusa de haber defraudado 21 millones de las antiguas pesetas, es decir, unos 126.200 euros, de impuestos generados en una operación por la que le fue traspasado un local ubicado en calle Larios, que a su vez traspasó a Intelhorce, a través de sociedades.

El procesado negó en su declaración ante el Tribunal haber defraudado o haber obtenido beneficio alguno a través de dicha operación inmobiliaria y aseguró que "nunca" tuvo relación con la textil malagueña ni con las presuntas irregularidades investigadas en el caso 'Intelhorce'.

Asimismo, aseguró que "no hubo beneficio ni lucro" en dicha operación y que a consecuencia de esto "llevo 20 años con esta pena". "Yo no me lo he comido ni bebido", dijo emocionado, al tiempo que insistió en que no hubo "en absoluto" intención de defraudar. "Por qué voy a eludir un impuesto --se preguntó--, no tengo necesidad de estar complicado aquí".

La Sala Segunda del Tribunal Supremo anuló en su sentencia de 2004 los pronunciamientos de la Audiencia de Málaga que determinaron el sobreseimiento respecto de este acusado y otros tres, al estimar que el plazo de prescripción del delito fiscal era de cinco años, independientemente del de la deuda tributaria de cuatro años; ordenando que se celebrara el correspondiente juicio.

Además de ordenar la repetición del juicio contra estas cuatro personas, una de ellas Cristóbal Peñarroya, procesado en el caso 'Malaya', el Supremo aumentó en su sentencia, con la que se resolvieron los recursos de casación, las penas impuestas a tres de los acusados que fueron condenados por la Audiencia Provincial y condenó al que fuera presidente de Improasa --mediador en el proceso de privatización--, José Miguel Moreno.

Así, el Supremo condenaba al entonces presidente de la sociedad estatal Improasa, José Miguel Moreno García, a cuatro años y dos meses de cárcel como autor de un delito de cohecho, y a cinco años de prisión menor, por el delito continuado de fraude, a pesar de que la Audiencia de Málaga lo absolvió de todas las acusaciones.

Por otro lado, el Alto Tribunal también condenó a Giovanni Orefici por un delito de cohecho, al haber realizado la oferta de soborno a Moreno García, a dos años de prisión menor y a una multa de 360.000 euros. El italiano, condenado ya a 17 años de prisión por estafa, falsedad y delito contra la Hacienda Pública en primera instancia, falleció en Kenia, tras huir de la justicia española a dicho país.