"Las leyes parecen nacer como consecuencia de posiciones doctrinales encontradas o de titulares de medios de comunicación", dice
MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El fiscal del Tribunal Supremo Eduardo Torres-Dulce responsabiliza a los partidos políticos de la instrumentalización de las instituciones judiciales y urge a una reforma "profunda" de la Justicia en España para recuperar la independencia perdida que ha derivado en "una notoria falta de credibilidad social".
En un artículo publicado en la 'Nueva Revista de Política, Cultura y Arte', recogido por Europa Press, el que fue jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía critica que los partidos políticos hayan "malversado" el alcance constitucional de las instituciones judiciales en "una clara carrera de una evidente instrumentalización de las mismas".
Según Torres-Dulce, la instrumentalización de la Justicia constituye "una tendencia que está corroyendo por reduccionista buena parte del sistema democrático occidental", lo que ha provocado que desde hace años exista "una notoria falta de credibilidad social hacia las instituciones judiciales".
Se lamenta de que "progresivamente" la vida democrática gire en torno a "los partidos políticos, a la preeminencia del Ejecutivo, a la administratización de la vida judicial, a la fecha y resultado de las elecciones, a los sondeos de opinión, a los sindicatos de opinión mediáticos empresariales y políticos y a la judicialización de la vida en general y de los conflictos políticos en particular".
CONTROL JUDICIAL.
El fiscal hace hincapié en que "un sistema constitucional basado en el Estado de Derecho exige un mecanismo tan complejo como delicado" y reseña que la división de poderes presupone "un sistema de controles que impida el autoritarismo o la tiranía de cualquiera de ellos". "En todo caso --señala-- es el judicial el que garantiza el sistema y el control final del mismo, tanto de manera externa como interna, de cara a los ciudadanos".
Para Torres-Dulce, la creación de instituciones, como el Consejo de Estado, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas u organismos financieros y mercantiles reguladores del mercado, así como la propia sociedad civil "deben obedecer a la misma filosofía de independencia y control fiscalizador".
"No creo con sinceridad que ello se esté cumpliendo con eficacia real en España y la culpa no es sólo de los poderes públicos y de los partidos políticos, aunque en buena medida les corresponde una mayor responsabilidad", dice.
A GOLPE DE TITULAR.
La consecuencia "lamentable" es que "el sistema judicial padece desde hace años de una notoria falta de credibilidad social", a lo que habría que añadir que "los procesos se eternizan y las leyes parecen nacer como consecuencia de posiciones doctrinales encontradas o de titulares de medios de comunicación".
"Las reformas que se hacen, con alabada excepción de la nueva Ley de Enjuicimianto Criminal, son de estilo parcheo. Les confieso que el cambio de sistema en 1985 no ha reportado sino perjuicios, aunque cualquier sistema es bueno o malo en atención a la propia independencia de ejercicio de los nombrados, en el TC y en el resto de los órganos de asesoramiento", indica.
