Fiscal del TSJA pide tomar declaración a diputado nacional del PP como imputado por presunta prevaricación y fraude

Actualizado 10/09/2007 20:48:18 CET

GRANADA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que existen "indicios suficientes" para que se tome declaración al diputado nacional del PP José Luis del Ojo, que fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), como "sospechoso-imputado" por la posible comisión de varios delitos de prevaricación administrativa y fraude de subvenciones, en la contratación de varias obras municipales.

El decreto, que ha sido remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo por su condición de aforado, fue hecho público hoy por el PSOE y en él se especifica que "existen abundantes indicios de participación del aforado" en los hechos investigados por el Ministerio Público, que lo tilda además de "instigador y responsable material" de las actuaciones, según se desprende los testimonio recabados.

En concreto, la investigación se centra en la contratación irregular de cuatro grupos de obras municipales encargadas por el Ayuntamiento de Ogíjares que afectan a vías públicas y Casa-Ayuntamiento, Casa de la Cultura, pabellón municipal y piscina cubierta municipal.

Por este motivo se ha tomado declaración a 15 personas, entre ellas al ex alcalde, Francisco Plata, ex PP; concejales y técnicos municipales, entre otros, de las que se deriva diversa implicación.

En el primer caso, según consta en el decreto, existen indicios que permiten afirmar que se encomendaron verbalmente obras a la empresa García Mejías S.L. por parte del que fuera concejal de Urbanismo, teniente alcalde y alcalde en funciones, en algunos encargos, "fraccionando el objeto del contrato y eludiendo los requisitos de contratación, con la presunta finalidad de favorecerla en la adjudicación".

De hecho, en el primer caso --vías públicas--, existe una "falta inicial de procedimiento administrativo" además del "fraccionamiento posterior" de las obras y ambos actos se consideran ilícitos. A esto hay que añadir que la interventora municipal advirtió de las irregularidades en julio de 2006.

Las obras de diversa cuantía tenían que haber sido tramitadas todas no como obras menores sino a través del procedimiento que les correspondía por su cuantía, por lo que, según el fiscal, el fraccionamiento es "fraudulento" además de que se realizó el contrato de forma verbal y sin licencia de obras, por lo que ni siquiera el trámite en su consideración de obra menor fue adecuado.

CASA DE LA CULTURA.

Para la Casa de la Cultura se publican tres concursos en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El primero en 2002, fecha en que se adjudicó por 1,06 millones de euros a UCOP S.A., aunque con el cambio de gobierno municipal solicitó la rescisión del contrato.

En abril de 2005 se adjudicó de nuevo a UCOP S.A. por valor de 606.000 euros, pero con posterioridad, en febrero de 2006, la Junta de Gobierno Local aprueba el gasto y distingue entre una "primera fase", aunque antes nada se publicó, y otra segunda por importe de 3,5 millones, que se publica en el BOP en marzo de 2006.

Entiende el fiscal que toda esta actuación "lejos de ser un error, fue un subterfugio para conseguir la situación de única licitadora". Ello en base a un "compromiso verbal" que existió con la empresa adjudicataria del primer concurso.

Llama la atención, según el decreto, que UCOP, que había demandado al Ayuntamiento por daños y perjuicios por la primera parte, decidiera un mes después presentar una proposición económica tan elevada para licitar el segundo concurso.

Las irregularidades detectadas habrían tenido por objeto, consta en la resolución, justificar el pago de los 4,1 millones a UCOP, pese a existir finalmente ofertas más ventajosas. De hecho hubo una reunión entre el Ayuntamiento y UCOP en enero de 2006 para ver la posibilidad de contratar la finalización de la obra con el presupuesto final, a lo que se informó negativamente.

También, según han declarado otros miembros del Ayuntamiento, en junio de 2006 en la Mesa de Contratación no se adjudicó la obra a UCOP y Del Ojo declaró "ya me las arreglaré yo para que el técnico me haga el informe".

PABELLÓN MUNICIPAL.

El pabellón municipal cuenta dos proyectos de la misma obra y un anexo de ampliación: el primero de 28 de octubre de 2005, por importe de 929.336 euros; el segundo de 30 de enero de 2006, por importe de 1,7 millones; y el anexo de ampliación de 31 de mayo de 2006 por 167.158 euros.

"Se realizó un presupuesto real y otro ad hoc para obtener la subvención de la Junta de Andalucía", según el decreto del fiscal. El exceso sobre la encomienda de gestión en la contratación de las obras por parte de José Luis del Ojo es 1,08 millones de euros, puesto que el contrato se firma por 2,01 millones.

La obra se adjudicó a Emogisa, algo que era "notorio", según dijo una concejal, porque Del Ojo tenía "la máxima responsabilidad en ella". También reconoció la edil que fue "presionada" para que diera el visto al nuevo proyecto "legalizando el exceso, por lo que surgieron entonces las desavenencias".

La realización por parte de la empresa García Mejías S.L. de obras del proyecto fue por encargo verbal de los responsables municipales. Fueron por valor de 161.695 euros y aparecen recogidas en el anexo de ampliación, de un proyecto sin visar. En total se indican hasta 21 irregulares.

PISICINA CUBIERTA.

En lo que respecta a la piscina cubierta existen tres presupuestos-proyectos y un anexo de ampliación. El primero de junio de 2005 por importe de 1,7 millones; el segundo de septiembre de 2005, por valor de 830.000 euros, que fue "presupuesto ad hoc para obtener subvención de la Junta de Andalucía", igual que ocurre en el pabellón, según algunos testimonios.

El tercero es el proyecto de febrero de 2007, no visado, es de 2,5 millones de euros de importe, y se le dio uso para "dar apariencia de legalidad ante el escándalo montado". El anexo de ampliación de obras no fue sacado a concurso.

El fraccionamiento posterior del concurso en tres más "carece de motivación, es ilegal y tiene como presunta finalidad favorecer a una empresa, García Mejías, que no la que ofreció el mejor precio, mediante el argumento de que es la única que concurre a los tres concursos".

Este hecho, que se atribuye por el que fuera alcalde entonces del municipio Francisco Plata, ex PP, a Del Ojo, motivó la rescisión posterior del contrato con esta empresa por parte del primero y una denuncia en Fiscalía por la actuación del segundo.

Existe también informe policial en el que "se observa manipulación en las facturas y certificados de obra que allí se mencionan con la finalidad señalada". Hasta su dimisión como consejero delegado de Emogisa, concejal de Urbanismo y teniente alcalde, Del Ojo "tuvo plenos poderes para actuar en representación de la sociedad municipal y en el ejercicio de ellos firma las tres contrataciones señaladas".

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)