ALMERÍA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial ha ordenado la apertura de diligencias de investigación al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital para dirimir si Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y Junta de Andalucía incurrieron en presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico.
El mandato de la Fiscalía General del Estado que ha generado la práctica de nuevas diligencias de prueba deriva de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería que, en septiembre de 2008, declaró nula la licencia municipal de obras y resolvió la remisión del expediente al Ministerio Público para deducir testimonio, según informó a Europa Press la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.
El fallo del magistrado Jesús Rivera, que ordenó hace tres años la paralización cautelar de la actividad constructiva en el hotel, estima "incontestable" que el inmueble se ubica de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable" pese a lo sostenido por la Consejería de Medio Ambiente, que localizaba el suelo en zona D2, "no incompatible con el uso urbanístico".
Atribuye, asimismo, a la Administración Autonómica la ejecución de una "burda maniobra" para sustituir la planimetría del del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar publicada oficialmente en BOJA de 22 de diciembre de 1994 por otra para "orillar la limitación que imponía" y "permitir de esta guisa" la obra en terrenos de especial protección.
El escrito remitido el 17 de febrero por la fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General de Estado, al que tuvo acceso Europa Press, recoge que la Fiscalía Provincial de Almería acuerde la reapertura de las diligencias de investigación sobre las que el mismo órgano judicial decretó el archivo en junio de 2007 al no hallar indicios de prevaricación y delito contra la ordenación del territorio en la gestión de la Junta de Andalucía y la Corporación local carbonera (PSOE).
En concreto, las nuevas actuaciones están "analizando" si del procedimiento contencioso- administrativo seguido a instancia del juez Rivera, en el que apreciaba a "falta de una más depurada calificación" ilícito penal en las decisiones adoptadas por las administraciones sobre el paraje de El Algarrobico, se "deducen hechos nuevos o elementos probatorios de relevancia jurídico-penal" con respecto a los "no contemplados" en el decreto de la Fiscalía Provincial de 6 de junio de 2007.
"ABULIA Y DESIDIA".
El juez Rivera, que en febrero de 2006 ordenaba la paralización cautelar de las obras del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico (Carboneras), avala, entre otras, la tesis mantenida por los colectivos conservacionistas Greenpeace, Ecologistas en Acción, Salvemos Mojácar desde que en 2005 se iniciase la andadura judicial del proyecto de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico.
El fallo, muy crítico, acusa de "abulia y desidia" tanto a la Administración autonómica como al Ayuntamiento de Carboneras en la defensa del interés general que representan el PORN y la Ley de Costas. Con respecto a esta última, en el fundamento jurídico quinto del fallo, Jesús Rivera atribuye a la Corporación local presidida por el indultado Cristóbal Fernández "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros en esa zona en virtud --concreta-- de un informe preceptivo y vinculante del Director General de Costas con fecha de 15 de febrero de 1988.
La valoración se hace extensible, asimismo, a la Junta de Andalucía ya que subraya que, si bien el Ayuntamiento no cumplió con el mandato legal de adaptar el Plan Parcial del sector donde asienta el hotel a la Ley de Costas, ésta fue "pasiva y condescendiente" con las infracciones contra la citada normativa y permitió "en definitiva" que se iniciase y desarrollase el proyecto de Azata del Sol.
El consejero de Agricultura y Pesca, y ex delegado provincial de Medio Ambiente entre los años 1994 y 1998, Martín Soler, calificó de "meras conjeturas y una opinión, en todo caso respetable" las imputaciones reflejadas en la sentencia poco después de que se diera a conocer públicamente.
El que fuera titular del ramo se escudó, asimismo, en dos diligencias previas incoadas por la Fiscalía de la Audiencia Provincial, a raíz de las denuncias interpuestas por colectivos ecologistas, y que fueron "archivadas en ambas ocasiones al quedar claro y demostrado que no existía ninguna responsabilidad penal" de la Administración autonómica.
En la misma línea en la que se expresaron el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, y la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, quien insistía en que la Justicia "había dado la razón a la Junta de Andalucía" al declarar nula de pleno derecho la licencia de obras.
