La Fiscalía General del Estado recuerda que los acuerdos como los de los ex GIL, como Muñoz, "existen en el Derecho"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado recordó hoy que el acuerdo de conformidad como el alcanzado con los abogados de ex ediles del GIL de Marbella (Málaga) imputados en casos de delito urbanísticos por concesión de licencias irregulares es "una figura que existe en el Derecho".

Según señalaron fuentes de la Fiscalía General del Estado a Europa Press, este tipo de acuerdos, que en este caso afecta a seis ex concejales de la primera corporación marbellí procesada por este tipo delictivo (1995-1999), como son Julián Muñoz, Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, Dolores Zurdo y Marisa Alcalá, lo que supone su ingreso en prisión, se aplican "cuando se consideran oportuno" con arreglo a la legalidad.

"Este tipo de acuerdos existen en el Derecho", señalaron desde la Fiscalía General sobre unos pactos, por los que los ex concejales han aceptado penas de un año de cárcel --lo máximo que recoge el acuerdo global--, que no se podrán sustituir por multa, aunque se cumpla el triple de la pena máxima --es decir, tres años--, como marca la ley en delitos conexos; así como diez de inhabilitación.

Las mismas fuentes mantuvieron, después de que el PP haya pedido hoy la comparecencia del Congreso de los Diputados del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que explique a qué "obedecen" estos pactos, que éste "acudirá, como lo ha hecho en otras ocasiones", si el Congreso le cita.

La jurisprudencia propia de la Mesa del Congreso en relación con las peticiones de comparecencia del Fiscal General del Estado sólo admite aquellas que se refieren a directrices generales del Ministerio Público, pero manda reformular las que se centran en casos concretos.

Según las mismas fuentes, la Fiscalía de Marbella informó a la de Málaga, a la de Andalucía y a la Fiscalía General del Estado sobre estos acuerdos, que evitarán juicios y que se han alcanzado teniendo en cuenta que la ley impone la imposibilidad de cumplir más del triple de la pena máxima impuesta en delitos que tengan o puedan tener conexidad, como es el caso.