La Fiscalía pide al TS que los expresidentes de Ferrocarrils devuelvan los fondos del "expolio de dinero público"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que los expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Enric Roig y Antonio Herce, condenados a 6 años de cárcel por un delito de malversación, devuelvan por la vía penal las ganancias obtenidas del "expolio de dinero público" adquirido a través de un fondo de pensiones que permitió el desvío de 2,71 millones de euros.

En una vista pública celebrada en el alto tribunal, el representante del Ministerio Público ha defendido que los dos condenados hicieron todo lo necesario para dar apariencia de legalidad a un plan de pensiones que permitió que una quincena de directivos se repartieran ese dinero. "Unos 400 millones de pesetas se repartieron estos patriarcas de esta empresa pública", ha dicho.

Además, el fiscal entiende que los directivos que se han enriquecido "directa e indirectamente" del dinero de procedencia pública también deberían devolverlo en el marco de la jurisdicción penal.

La Audiencia de Barcelona entendió que el dinero debía reclamarse por la vía civil. En su sentencia condenatoria impuso a Antonio Herce una pena de ocho años de inhabilitación por prevaricación, mientras que absolvió de este delito a Enric Roig y al ex conseller Albert Vilalta al entender que había prescrito.

DELITO DE PREVARICACIÓN

Para el fiscal, Roig también debe ser condenado por un delito continuado de prevaricación ya que esta conducta estaba "unida" a la malversación de fondos públicos.

Este extremo ha sido rechazado por la defensa de Enric Roig, que ha indicado que la contratación del plan de pensiones pudo ser "discutible" desde la legalidad administrativa, pero que no incurrió en ninguna conducta delictiva.

En cuanto a la recuperación de las cantidades desviadas, ha remarcado que su representado tiene "todo su patrimonio embargado porque se está ejecutando la sentencia del Tribunal de Cuentas" sobre esta cuestión.

El abogado defensor de Antonio Herce ha solicitado su absolución porque la condena afectó a "una persona intachable" como su cliente y la sentencia se construyó a partir de la premisa de la culpabilidad. Ha añadido que Ferrocarrils no obstaculizó a los auditores, interventores y directores jurídicos que "pusieron sus ojos" en sus cuentas.

HECHOS PROBADOS

El Supremo dictará una sentencia, de la que será ponente el magistrado Miguel Colmenero, sobre la resolución de la Audiencia Provincial que consideraba acreditado que Roig y Herce, "ambicionando un enriquecimiento muy superior al que les proporcionaba su sueldo y conscientes de la ilegalidad", crearon una trama para constituir en 1990 --cuando eran director y director económico respectivamente-- un fondo de pensiones para directivos con la aseguradora Winterthur, al que FGC haría una aportación anual para que cuando los trabajadores partícipes se jubilaran recibieran una remuneración.

Ambos eran "sabedores de que estos cobros diferidos no eran legítimos", ya que suponían un aumento de sus ingresos expresamente prohibido y, además, no se pidió autorización al Consejo de Administración de la entidad, al que tampoco informó de la suscripción tras la firma, tal y como era necesario.

Albert Vilalta, que en 1991 era presidente de la entidad, firmó junto a Roig, --que era el director-- un reglamento para constituir el fondo, que permitió que desde ese año hasta que se disolvió, en el 2000, una quincena de directivos se repartieran unos 2,7 millones de euros.

En concreto, según la Audiencia de Barcelona, Roig se embolsó 178 millones de las antiguas pesetas de este fondo cuando cesó de su cargo de presidente --que ocupó desde el 93 hasta el 99-- y Herce de 46 millones de pesetas, cuando en el 2000 se disolvió el fondo y se repartió entre los cuatro partícipes que aun quedaban en la empresa.